La comisión que preside el diputado Héctor Salazar Porcayo desahogó la mayoría de las solicitudes de jubilación y pensión que se presentaron en la Legislatura y que sumaron aproximadamente dos mil 500 expedientes, entre las que destacan las de altos funcionarios, como la solicitud de jubilación por cesantía en edad avanzada de la regidora Manuela Sánchez López, así como la del ex secretario de Servicios Legislativos Joaquín Roque González Cerezo, que se retiraron hasta con un 70 por ciento de su último ingreso.

Incluso, el cúmulo de dictámenes formó parte de la negociación que se dio en la última sesión ordinaria de la actual legislatura, para sacar adelante otros puntos como la designación del representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, Abraham Romo, y la privatización de la basura, que al final no fue aprobado.

Entre los expedientes aprobados había lo mismo trabajadores del Congreso del estado, que del Poder Judicial y del Ejecutivo, que durante meses esperaron a que los diputados resolvieran su retiro.

El diputado Héctor Salazar Porcayo aseguró que cada uno de los expedientes se desahogó apegado a la ley, y en base a una investigación realizada por la Comisión del Trabajo.

Sin embargo, aún quedaron pendientes cerca de 50 expedientes que deberán ser analizados y desahogados por la LIII Legislatura, puesto que ya no serían enlistadas ni en un periodo extraordinario de sesiones.