El presidente de la organización, Pedro Martínez Bello, consideró que pese a la premura de las designaciones, aparentemente se cubrieron los requisitos legales, lo que hace pensar que probablemente habría pocas posibilidades de impugnarlos jurídicamente.
“Me parece más que es un tema político que jurídico, porque quizá no prospere que echen atrás alguna designación; parece que se cumplieron con los requisitos conforme a derecho. Sin embargo, políticamente es hasta cierto punto correcto porque temas como la Fiscalía Anticorrupción, evidentemente, nos queda mucho a deber.
“La manera en que sesionaron los diputados de la anterior legislatura, furtivamente a escondidas, clandestinamente, me parece que tampoco fue lo correcto, pero que ellos (los nuevos diputados) que hagan lo propio si creen que es necesario hacer una revisión, están en todo sus derecho”, dijo.
Martínez Bello expresó que dará seguimiento al asunto y estará al pendiente de las acciones que emprenda la LIII Legislatura contra las decisiones de sus antecesores y el propio Foro Morelense de Abogados debatirá al interior de la organización el tema de las designaciones, particularmente sobre la Fiscalía Anticorrupción, y si hay vías legales de impugnación.
“Desde un principio no estuvimos de acuerdo en cómo se llevaron a cabo los acuerdos, la manera en que sesionó el Congreso; pero de promover una acción, lo tendríamos que valorar al interior de nuestra asociación con los demás integrantes y de ahí tomaríamos una decisión”, afirmó.
Sostuvo que existe la posibilidad de que los profesionales del derecho y los ciudadanos que se sientan agraviados y con la legitimidad jurídica, puedan promover acciones legales contra las designaciones, particularmente los que no fueron considerados para ser designados como miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual quedó finalmente conformado por Héctor Enrique Erazo Domínguez, Luis Arturo Guerrero Miranda, Selene Montesinos Oliver y Hugo Manuel Bello Campo, por un periodo de tres años.
Pedro Martínez manifestó que el Foro Morelense de Abogados está inconforme con la designación de Juan Salazar Núñez como titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, pues hasta el momento del nombramiento se desempeñaba como consejero jurídico del Poder Ejecutivo estatal y hay un evidente conflicto de intereses que pone en riesgo la imparcialidad de los casos bajo investigación.
“Evidentemente es una persona muy cercana al gobierno en turno, al gobernador, y me parece que no reúne las condiciones de imparcialidad”, subrayó e insistió en que son temas que requieren ser valorados tanto política como jurídicamente.
