Al ofrecer el diálogo magistral “Hacia una ley nacional procesal electoral”, en el marco del Observatorio Judicial Electoral sobre el Modelo de Comunicación Política, Perspectivas y Retos del Procedimiento Sancionador Electoral y la Libertad de Expresión en Materia Política, señaló que con la revisión del modelo de comunicación política “tenemos la oportunidad de considerar sanciones más eficaces”, por lo que se pronunció en favor de privilegiar otras medidas sancionatorias, diversas a aquellas que representan una punición económica.
En su participación durante el observatorio que es realizado por la Sala Regional Especializada del TEPJF, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carrasco Daza dijo: “Creo que tenemos que reflexionar si en este catálogo de sanciones pudiéramos considerar la pérdida o cancelación temporal del registro de los institutos políticos, de frente a los procesos electorales en que violentaron los principios rectores de la materia, o bien, en procesos electorales subsecuentes, esto cuando se incurra en violaciones graves o reiteradas”.
Dijo que la oportunidad que da la revisión del catálogo de sanciones para la defensa del modelo es mucha. “En la perspectiva de nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones inician con la amonestación pública, después van a una multa, según la gravedad, la reducción de hasta el 50% de la administración de financiamiento público que corresponda a partidos políticos y a candidatos, la interrupción de la transmisión de la propaganda política electoral, hasta la cancelación del registro de los partidos”, explicó.
Asimismo, el magistrado presidente de la Sala Superior propuso regular el ingreso y permanencia de los integrantes de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), para garantizar la independencia e imparcialidad en sus labores.
En este mismo espacio, el magistrado precisó que una perspectiva legal idónea tendría que enfocarse en erigir un modelo que desarrollara una tutela amplia de derechos humanos en materia electoral, en razón de que la reforma de febrero de 2014 puso el énfasis en una redefinición estructural y de nombramiento de las autoridades electorales.
