La coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortencia Figueroa Peralta, señaló que la auditoría especial al crédito de los dos mil 806 millones de pesos sólo se utilizó como medio de presión política por la pasada legislatura.

La diputada local dijo incluso que los ex legisladores actuaron con muy poca "pulcritud", ante un proceso de revisión que sólo ha generado confusiones y que desde su inicio no fue manejado de manera correcta.

Lo anterior, luego de que la secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, contradijo las cifras dadas a conocer por el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, respecto al monto del crédito auditado.

Y es que la semana pasada en su comparecencia, Loredo Méndez informó que la auditoría especial sólo abarcó el monto de mil 646 millones de pesos, pues el Ejecutivo sólo entregó información respecto al gasto del crédito hasta el 31 de agosto.

Sin embargo, la secretaria Adriana Flores informó ayer a los diputados que entregó a la ESAF un informe que abarca la aplicación de dos mil 79 millones de pesos.

Además, aseguró la funcionaria estatal que esta auditoría se desarrolla en 12 pasos y apenas ha avanzado hasta el cuarto.

Ante tal situación y los pocos resultados que podría dar la auditoría especial, pues no abarcó el total del monto del crédito, la legisladora perredista aseguró que se tendrá que esperar hasta la aplicación de las auditorías ordinarias por parte de la ESAF, para conocer en qué se gastaron los dos mil 806 millones de pesos.

Más aún, aseveró, porque dicho proceso extraordinario sólo se utilizó como medio de presión política por ex legisladores.

"No queda cerrado (el caso de los dos mil 806 millones), es parte del ejercicio de una cuenta pública estatal y habrán de revisarse de manera ordinaria, independientemente de los resultados que se tienen de la auditoría especial que, ha sido informado por el propio auditor, no fue sobre la totalidad de los recursos", declaró.

De acuerdo a la Ley de Fiscalización del Estado, los procesos de revisión se aplican con un año de retraso. Aunado a lo anterior, la Auditoría enfrenta un rezago en su trabajo de tres años aproximadamente.

La diputada perredista responsabilizó de las inconsistencias de la auditoría especial al ex auditor, Luis Manuel González Velázquez, pues aseguró que fue el responsable de llevar a cabo el proceso y no enteró de toda la información que aportó el Ejecutivo, supuestamente del gasto de los dos mil 79 millones de pesos.

No obstante lo anterior, la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo aseveró que la auditoría especial al crédito del gobierno del estado no es un caso cerrado, por lo que esperarán al encuentro que se tendrá con el auditor Vicente Loredo y la secretaria Adriana Flores.