El miércoles pasado, el gobernador del estado Graco Ramírez Garrido Abreu, presentó ante el Congreso local la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Civil del Estado de Morelos en materia de seguridad social.
La propuesta, enviada directamente a la Mesa Directiva y consensuada desde hace varias semanas (según ha trascendido) en la Junta Política y de Gobierno, busca que a partir del próximo año los trabajadores en activo se acojan a un nuevo sistema estatal de pensiones, en el que tendrán la opción (obligatoria) de retirarse mediante las disposiciones legales actuales o bien, bajo los derechos que así garanticen las instituciones públicas de seguridad social antes mencionadas.
Aunque en la propuesta se asegura que están garantizados los derechos adquiridos para los trabajadores en activo, lo cierto es que la reforma entrará en vigor en enero del 2016 y conforme pasen los años (hasta el 2018) el Poder Ejecutivo determinó incrementar el tiempo de jubilación para los trabajadores que pretendan retirarse con un pago al 100 por ciento. Es decir, para el 2017, los burócratas que desean retirarse con una pensión equivalente a su salario total deberán acreditar 28 años de servicio, y para el 2018 ese requisito será de 35 años de trabajo demostrado.
En tanto, los trabajadores que inicien su servicio en el gobierno del estado o en los ayuntamientos el próximo año, sólo tendrán la opción de jubilarse o pensionarse bajo los esquemas del IMSS o el ISSSTE, según sea la institución a la que hayan sido afiliados por la parte patronal.
Para lo anterior, según la iniciativa, los Poderes del Estado y los ayuntamientos deberán adecuar o contraer convenios de manera obligatoria con las instituciones públicas de seguridad social a partir del próximo año, lo que el Ejecutivo plantea como una ventaja para el trabajador, pues existen muchos casos de burócratas sin este derecho.
La justificación
En la extensa exposición de motivos, el Poder Ejecutivo establece como una necesidad reformar el sistema estatal de jubilaciones y pensiones, ya que la carga al gasto público en la materia es muy pesada y amenaza con complicarse aún más en un futuro próximo.
Señala que actualmente un trabajador del gobierno del estado o al servicio de los ayuntamientos tiene el derecho a una doble pensión, tanto por el IMSS como por el gobierno del estado, lo que complica aún más al erario público.
En cifras, informa que actualmente existen tres mil 95 trabajadores en retiro, contra nueve mil 141 en activo, y que en el 2014, gastó mil 58 millones de pesos para el pago de nómina, de los cuales 444 millones de pesos correspondieron a jubilados y pensionados.
Para este año, los números señalan que el gobierno del estado pagará a cuatro mil 261 jubilados y pensionados, lo que significará un gasto al erario público de más de 462 millones de pesos.
"Ahora bien, del total de trabajadores activos en 2014, el 24% (2,100 aproximadamente) cuenta ya con el derecho a una pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada con rangos que van del 85% al 50% de su salario. De ahí que, si se mantiene dicha tendencia, para el año 2020, esta proporción se invertiría, pasando a 44% de trabajadores activos contra 56% de jubilados o pensionados (578 millones de pesos anuales)", se añade en el documento que ya estudian diputados locales.
Las modificaciones
La iniciativa plantea reformar las fracciones XIV y XV del artículo 43; los artículos 54; 55; 55 A; 55 B; 55 C; 55 D; 56; 67 y 68; y la fracción I del artículo 108, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Así como, derogar la fracción XV del artículo 24; los artículos 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65 y 66; todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Lo anterior, con la finalidad de eliminar la obligación del estado y los municipios de otorgar una jubilación o pensión a los trabajadores, y establecer que estos sólo obtendrán este derecho a través de las instituciones de seguridad social.
Las previsiones
Aunque la iniciativa llegó al Congreso del estado la semana pasada, ya se habla de acuerdos entre diputados y autoridades del Poder Ejecutivo para aprobar la reforma antes del 15 de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones, de tal manera que la reforma a la Ley del Servicio Civil del estado entraría en vigor a partir de enero del 2016, cuando también se dará la renovación de administraciones municipales.
Cabe recordar que desde la LI Legislatura ya se trabajaba en una reforma integral a la ley en mención, que pretendía la creación de un Instituto de Pensiones y Jubilaciones, misma que se negociaría con sindicatos a nivel estatal y municipal. Sin embargo, el Poder Ejecutivo se adelantó con esta nueva propuesta que impactará a miles de trabajadores.
