El Pleno del Congreso del estado ha desechado más de un centenar de jubilaciones y pensiones aprobadas por la pasada Legislatura, al considerar que no se cumplieron con los requisitos de validez y, en otros casos, por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por falta de competencia.

Desde el inicio de la LIII Legislatura, los integrantes de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad han emitido diversos dictámenes de abrogación de decretos pensionatorios, que en algunos casos también fueron observados por el Poder Ejecutivo.

Según explicó el presidente de dicho órgano legislativo, el diputado Efraín Esaú Mondragón Rosales, de una revisión hecha a los expedientes de jubilaciones y pensiones aprobadas por la pasada legislatura, se encontró que muchos no cumplieron con los requisitos que marca la Ley del Servicio Civil del estado para ser  votados y aprobados por el Pleno del Congreso.

"Nosotros nos dimos a la tarea de investigar y hay algunas que no cumplieron que queremos para que se jubilen (sic), hay otras que por amparos, por diversas razones, se tienen que modificar, entonces se tienen que abrogar para modificarse", declaró.

El legislador del Partido Encuentro Social comentó que en cuanto a la ilegalidad de algunos decretos pensionatorios, se detectó que muchos de los solicitantes no cumplieron con (la entrega de) todos los papeles para acreditar los años trabajados en ciertas instituciones públicas, lo que los integrantes de la Comisión del Trabajo de la pasada legislatura, pasaron por alto.

"Por ejemplo, constancias que hicieron falta y que nos dimos a la tarea de investigar otra vez", agregó. Sin embargo, reconoció que en ese proceso de investigación, algunas jubilaciones y pensiones sí cumplieron con los requisitos y se están volviendo a aprobar por el Pleno, desde hace aproximadamente dos semanas.

Aunque no especificó el número exacto de jubilaciones que se aprobaron sin cumplir con todos los requisitos de ley, el legislador local adelantó que aún continúa la investigación por parte de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social para el resto de los decretos pensionatorios  publicados en el periódico oficial "Tierra y Libertad".

Al final de la LII Legislatura se especuló que los integrantes de la comisión citada, presidida entonces por Héctor Salazar Porcayo, aprobaron jubilaciones y pensiones a manera de "favores" para ciertos amigos, conocidos o familiares, sin que tal situación se pudiera confirmar en su momento.