La Asamblea Nacional de Usuarias y Usuarios de Energía Eléctrica (ANUUEE-Morelos) exigió la intervención del gobierno del estado para poner alto a los abusos cometidos por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que han llegado incluso a agresiones físicas, especialmente en contra de mujeres, por cortes de suministro y "robo" de medidores.

La organización pidió una audiencia con el secretario de Gobierno del estado Matías Quiroz Medina, al sostener que las autoridades no deben permanecer omisas ante el clima de violencia que se gesta por esta problemática y las violaciones constantes a derechos humanos.
Dijeron que se han violado los acuerdos firmados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con el superintendente Ramón Cota Ayala para que no continúen los cortes de luz a quienes han interpuesto sus quejas (ante Profeco acordes al artículo 113 de su ley).

Señalaron que incluso persisten las amenazas de cárcel a usuarios, que no son delincuentes. Protestaron al asegurar que se han registrado "agresiones físicas y verbales por parte de personal jurídico de la CFE contra usuarias y usuarios de la tercera edad, mujeres y minusválidos, cuando éstos han tratado de oponerse al robo descarado de medidores, cables y acometidas que no son propiedad de la CFE y que incurren en delito una vez que ha concluido el comodato entre CLyFC y CFE acorde al artículo 2501 del Código Civil, así como denunciamos que la ilegalidad no es de las y los usuarios sino de la CFE que no ha firmado contrato alguno de prestación de servicios dada la anticonstitucional desaparición de CLyFC y la irregularidad con que opera desde hace ya casi 6 años la así llamada empresa de clase mundial.

"La actual crisis que ocurre en las empresas que están en proceso de privatización, como la CFE, debido a las políticas neoliberales del gobierno, no es responsabilidad del pueblo mexicano, como pretenden al criminalizarlo mediante demandas ante la PGR por supuesto robo de luz. Cuando desde el 11 de octubre de 2009 es el propio gobierno el que incurre en ilegalidad", señalaron en su pronunciamiento.
Aseveraron que contrario a las versiones oficiales, en el sentido de que de acuerdo con la Empresa Productiva del Estado, las tarifas para el sector industrial disminuirán en febrero de este año entre 16 y 24%, en comparación con el mismo mes de 2015, los costos en realidad no han bajado. "Por el contrario, las tarifas y los cobros han aumentado sistemáticamente, como lo muestran miles de quejas interpuestas ante la Profeco en todo el centro del país".

Calificaron las agresiones, como verdaderas violaciones a los derechos humanos de las y los usuarios, "ya que las amenazas, insultos, agresiones físicas y verbales provienen de servidores públicos y trabajadores de la CFE, como los encabezados por Claudia Fuentes e Ileana Galindo, quienes agredieron y golpearon a dos usuarias de la calle de Guerrero en el centro de la ciudad. Las ofendidas informaron que los empleados de CFE de manera prepotente, sin respetar sus amparos y quejas ante la Profeco, las intimidaron con retirarles el servicio de luz eléctrica, pero al mostrarles los documentos que las amparan, las mujeres se los rompieron y las golpearon de manera agresiva. Desde hace tres días, el personal de esta empresa se ha presentado a las calles del centro a intimidar y amenazar a los vecinos, obligándolos a firmar convenios de pago con la compañía de luz".

Al lugar -narró el representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) José Martínez Cruz- "arribó el coordinador de la Asamblea de Usuarios de Energía (ANUE) Juan Antonio Solórzano, quien se enfrentó verbalmente con los trabajadores de CFE. No pueden retirar el servicio cuando existe un proceso conciliatorio ante la Profeco, es ilegal que dejen sin luz eléctrica”.

El representante de la ANUE informó que no ha sido el primer caso de agresiones que se ha presentado de manera constante, por lo que responsabilizó a los representantes de la CFE de cualquier acto de violencia que emprendan los usuarios por la actuación de su personal.

Con anterioridad se han presentado casos de agresión cada vez más violentas, como las ocurridas en la colonia Antonio Barona, la colonia Universo y en Huitzilac, donde inclusive amenazas de muerte han recibido los usuarios.

Juliana García Quintanilla, de la CIDH, destacó que en este asunto hay una clara violación a los derechos de las mujeres usuarias de energía eléctrica.

Expuso que con las agresiones ya referidas, se violan disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que en sus artículos 5 y 6 establece lo siguiente: "Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público; Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres".

En la misma norma se define como "Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia; Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres".

En el artículo 6 argumentó, se específica que "Los tipos de violencia contra las mujeres son: La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres".