Cuernavaca, Morelos.- En el marco de la exposición fotográfica "No te Olvido" en el Congreso local, familiares de víctimas del delito se inconformaron por ser revictimizadas por el gobierno estatal, ya que las investigaciones en la Fiscalía General no avanzan y se les ha engañado con una supuesta reparación del daño, que no se ha concretado.
Ante la diputada panista Norma Alicia Popoca e integrantes de la Comisión de Atención a Víctimas, quienes organizaron el evento en memoria de 29 desaparecidos en Morelos, madres de las víctimas del delito exigieron la aplicación de la ley estatal en la materia, que contempla la reparación del daño, pues a pesar de existir un presupuesto por 28 millones de pesos, éste no se ha utilizado por problemas burocráticos y cuando se concreta, la reparación es mínima.
Ana Luisa Garduño Juárez, madre de Ana Karen Huicochea, joven asesinada en el 2013, señaló a la legisladora local el caso de familiares de una víctima que obtuvieron como reparación del daño 35 mil pesos. "Es una burla, es una grosería", manifestó, al cuestionar los salarios que reciben los integrantes de la Comisión de Atención a Víctimas.
Sin embargo, la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo afirmó que la información que tiene como representante del Poder Legislativo ante la comisión citada, es que sólo se ha dado la reparación de un caso por 600 mil pesos.
No obstante, dijo que insistirán a la Coordinación de Atención a Víctimas del gobierno estatal, que informe sobre cómo se ha aplicado el presupuesto asignado por el Congreso local a favor de las víctimas y que es operado por un fideicomiso.
"Más allá de los sueldos de unos u otros, yo creo que lo importante es que el recurso fluya y que se repare el daño en la medida en que hoy un juez haya definido, en razón de las pruebas que le fueron presentadas", aseveró Popoca Sotelo.
Por su parte, la coordinadora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Nadxieelii Carranco Lechuga, informó que hasta el momento se tiene una lista de 47 casos de víctimas o de sus familiares que están en espera de reparación del daño. Sin embargo, sólo dos se han concretado, porque ya concluyeron sus juicios y el juez ordenó el monto que debe pagar el gobierno del estado.
Rechazó que sea por problemas burocráticos que no se haya reparado el daño a todas las víctimas, sino porque la mayoría no han sido judicializados.