Cuernavaca, Morelos.- Ciudadanos que integran el Movimiento Morelense por la Familia se retiraron del Salón de Plenos que tomaron desde el pasado martes, para tratar de impedir infructuosamente que se emitiera la declaratoria de reforma al artículo 120 constitucional que permite el matrimonio igualitario. Antes de irse, acusaron al gobierno de Graco Ramírez de haber amenazado a alcaldes y regidores con retirar recursos para obra pública si no aprobaban la minuta.

Los ciudadanos recordaron que continuarán con las acciones legales y sociales, para demostrar la supuesta ilegalidad de la declaratoria que emitió la madrugada del pasado miércoles el Congreso del estado.

En rueda de prensa, ayer minutos antes de retirarse del Congreso, los representantes de dicho movimiento acusaron directamente al gobierno del estado de haber presionado y amenazado a los presidentes municipales y regidores para que votaran a favor de la minuta de reforma constitucional.

"El gobierno del estado metió la mano en esto. Estaba amedrentando a regidores, a secretarios generales de los ayuntamientos y a los mismos alcaldes y alcaldesas", afirmó Roberto García Ortega, integrante de dicho movimiento.

En cuanto a la denuncia penal presentada en su contra, los ciudadanos negaron que hayan agredido a trabajadores del Congreso del estado, pues dijeron que hicieron uso de su derecho a acceder al Salón de Plenos, donde se desarrollaría una sesión pública.

Al respecto, la diputada panista Norma Alicia Popoca Sotelo afirmó que responderán a dicha denuncia, pues aseveró que quienes agredieron primero fueron los diputados que votaron a favor del matrimonio igualitario, al no permitirles la entrada.

Insistió en que mediante las vías jurídicas necesarias, procederán para demostrar que la declaratoria de reforma constitucional se hizo de manera ilegal, ya que 17 ayuntamientos votaron en contra y no a favor de la misma.

Por su parte, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada Hortencia Figueroa Peralta, dijo que la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General del estado, fue presentada por trabajadores del Congreso que fueron agredidos y ésta seguirá su cauce jurídico, a pesar de que estén involucrados diputados locales.