Cuernavaca, Morelos.- En rueda de prensa, empresarios integrantes de la Asociación de Verificentros de Morelos -que hasta el pasado 30 de junio operaban- informaron que ya promovieron amparos en contra del decreto que fue emitido por el titular del Poder Ejecutivo el primero de julio pasado, para suspender la actividad de los 42 verificentros, a fin de lograr que dicha medida sea cancelada, pues afectó el desarrollo económico de la entidad, con la pérdida de mil 300 empleos, además del perjuicio a otros negocios que se veían beneficiados con la verificación vehicular.

José Becerril Cedeño, integrante de dicha asociación, aseveró que con este decreto lo que buscan las autoridades estatales es "cerrarnos" para que ya no puedan operar los 42 verificentros actualmente establecidos en Morelos.

Explicó que con los nuevos lineamientos establecidos por el Congreso del estado, mediante un decreto aprobado durante la sesión ordinaria de la noche del jueves y la madrugada del viernes de la semana pasada, los 42 negocios quedarían impedidos de participar en la próxima convocatoria que emitirá el gobierno estatal para la reinstalación del servicio de verificación vehicular, en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana Emergente.

"Aquí se nos está dando un golpe bajo y se nos está queriendo desplazar poniéndonos barreras indebidas. Nuestra concesión está vigente hasta el 31 de diciembre; con este golpe bajo se pretende tenernos inmovilizados, tenernos sujetos a un procedimiento. Y seguramente uno de los requisitos que tendrá en la nueva convocatoria es de que, para acceder a la nueva convocatoria, no tengamos ningún proceso abierto. Desde aquí ya hay un obstáculo", manifestó Becerril Cedeño.

Los empresarios desmintieron la versión de la Secretaría de Desarrollo Sustentable respecto a que no cumplían con el equipo adecuado para prestar el servicio y que operaban de manera irregular, pues este año se llevó a cabo una revisión a los 42 verificentros y en ninguno se detectaron faltas que motivaran su cancelación.

Reconocieron que a la mayoría de los verificentros de la megalópolis les hacía falta el nuevo hardware y software para cumplir con la Norma Emergente, pero que eso estaba en puerta de instalarse y el gobierno del estado ya no lo permitió.

"Sabemos que aquí va a haber manipulación, no necesitamos hacer mayor inversión", agregó el empresario José Becerril Cedeño.

Hasta el año pasado, una concesión para instalar un centro de verificación en Morelos costaba arriba de 40 mil pesos, según información de los integrantes de la Asociación de Verificentros, además de la inversión millonaria para instalar dicho negocio.