Acompañadas de la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Norma Alicia Popoca Sotelo, integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres, feministas y mujeres de la academia, señalaron que pese a las denuncias penales en contra de funcionarios públicos por discriminación, así como los recursos legales promovidos por la violación a los derechos políticos de las mujeres que fueron electas por el pueblo para ocupar un puesto de elección popular, las instituciones no han sido capaces de terminar con la violencia política.

Por lo anterior, pidieron a los diputados que legislen en favor de la paridad de género, primero con la modificación del Código Penal del estado, para que se tipifique como delito grave la violencia política; y segundo, se cree la ley estatal para combatir la violencia política.

"Que se sancione de manera justa y pronta las acciones violatorias de los presidentes o autoridades omisas que afecten a las mujeres que están en un cargo de elección popular, así como la violación a toda mujer en sus derechos humanos", manifestó Adriana Mujica Murias, integrante del Movimiento Amplio de Mujeres.

Se insistió también en que se restituya a las funcionarias que fueron removidas por actos de discriminación.

Pusieron como ejemplo claro de la violencia política en el estado el caso de la síndica de Amacuzac, Susana Fuentes Rodríguez, a quien desde el año pasado el alcalde Jorge Miranda Abarca le suspendió el pago de su salario y le retiró a los trabajadores a su cargo.

"Exigimos que la ley sea pareja para todos. ¿O acaso la ley sólo se hizo para las mujeres?", manifestó Mujica Murias.