El presupuesto para el estado será de 21 mil 516 millones 427 mil pesos.
El Congreso del estado asignó al Poder Ejecutivo tres mil 212 millones 238 mil pesos; al Legislativo, 551 millones 126 mil pesos; y 570 millones 289 mil pesos para el Poder Judicial.
Dentro del presupuesto de Egresos, los diputados no contemplaron, por segundo año consecutivo, un monto para el pago de cuotas escolares, a pesar que existe una legislación que lo obliga. A cambio, etiquetaron 45 millones de pesos para la entrega gratuita de uniformes escolares a los padres de familia.
En general, fueron mínimos los cambios que hicieron los diputados a la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que presentó el Poder Ejecutivo. Acordaron un incremento de 20 millones de pesos para el campo, sumados a los 95 millones que había asignado gobierno estatal. Lo anterior, a pesar que los campesinos pidieron un aumento de 100 millones de pesos.
En el rubro de Salud, el Congreso local asignó un monto por 18 millones de pesos para el programa de diálisis.
En tanto, que para Educación, se modificó la propuesta del Ejecutivo, para asignar 120 millones de pesos para el pago de derechos a maestros jubilados y pensionados, concepto que no se había incluido en la propuesta inicial.
Se esperaba que después de las tres de la mañana el proyecto de decreto del Paquete Económico fuera aprobado por mayoría, sin embargo, algunos legisladores manifestaron su inconformidad porque el presupuesto fue presentado al Pleno para su votación sin el consenso de todos los grupos parlamentarios y sin ya discusión previa.
Lo anterior, fue evidenciado por el diputado del Partido Humanista, Jesús Escamilla Casarrubias, quien aseguró que fue informado de la votación del presupuesto la tarde de ayer, sin que antes se convocara a su análisis y discusión.
Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Jaime Álvarez Cisneros, justificó la aprobación del Paquete Económico un mes antes del plazo fatal, al asegurar que el Congreso local deberá desahogar los temas de la Mesa para la Reforma del Estado.
Por su parte, el priista Alberto Martínez González, dijo que la decisión de aprobar por la vía rápida el tema, es porque existía la amenaza de los trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo de tomar la Máxima Tribuna, por el incumplimiento en el pago de diversos derechos.
De igual forma, se daba como un hecho la aprobación de la Ley General de Hacienda del Estado, en la que se establecieron los conceptos por derechos y servicios públicos.