Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) en Morelos se manifestaron en las instalaciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) para exigir que se respete el derecho humano al agua y en contra de cobros arbitrarios por el servicio.

Los manifestantes señalaron que se trata de un movimiento que tiene como fin el reconocimiento pleno del acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano y evitar la privatización de este recurso vital.

Juliana García Quintanilla, representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), dio lectura al documento emanado de la asamblea, en el que sostienen que los cobros del servicio de agua potable se realizan arbitrariamente, sin respetar lo establecido en la ley, ya que, en lugar aplicarlos de acuerdo con la tarifa mensual establecida en las tablas publicadas en el artículo 92 de la Ley de Agua Potable en Morelos, duplican el cobro por bimestre.

De esta forma, la mayoría de usuarios domésticos pagan como si fueran altos consumidores o comercios cuyo uso de agua es mucho mayor, como podrían ser lavanderías o lavado de autos o incluso fábricas.

Los manifestantes consideraron que este es un rasgo más del proceso de privatización del servicio de agua potable, el cual “avanza mediante concesiones a particulares, en lugar de garantizar que sea un servicio público”.

Hicieron notar que, ante la crisis financiera que enfrenta el SAPAC, se pretende elevar los cobros a la ciudadanía, con tarifas aumentadas y cobros injustificados; refirieron que hay algunos integrantes de la ANUEE que recibieron cobros que aumentaron de dos mil a 12 mil pesos en un bimestre, siendo tomas domiciliarias.

Los miembros de la ANUEE hicieron notar, en su pronunciamiento, que esta es una de las acciones del movimiento que han iniciado en varias entidades del país, en contra de la privatización del agua, a través de la nueva legislación de Aguas Nacionales.

La asamblea señaló que existe una interconexión del agua y la energía, desde los procesos de producción hasta la distribución. De tal forma que la defensa del vital líquido es parte de la lucha por la soberanía nacional.

Juliana García Quintanilla enfatizó que “la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos; es el Estado el que debe proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos… El derecho al agua es el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. El gobierno debe reconocer formalmente un derecho humano al agua y expresar la voluntad de dar contenido y hacer efectivo dicho derecho, garantizando que sea suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible”.

Luego de la protesta y un encuentro con autoridades del SAPAC, se acordó establecer una mesa de trabajo a partir del 7 de agosto, para analizar diferentes demandas de la ANUEE con la participación de dirigentes de las organizaciones que forman parte de la asamblea, entre ellos el del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y algunos usuarios que tienen quejas interpuestas ante el SAPAC.