Bajo ninguna causa está justificado un incremento desmesurado en el precio de la tortilla en el país, aseguró Humberto Lepe Lepe, director de delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor en el país, quien llamó a la población a denunciar posibles abusos. El funcionario federal sostuvo –contrario a los empresarios del ramo- que no hay aumentos en los insumos ni en combustibles que provoquen que el costo de dicho alimento se dispare.

Lepe Lepe estuvo este miércoles en Cuernavaca para dar a conocer que fue aceptada la renuncia dela delegada en Morelos Zayra Fabela Beltrán (quien buscará una candidatura a una diputación local) y anunció la designación de Jonathan García Campuzano como encargado de despacho de la institución en esta entidad.

Respecto al aumento en los precios de la masa y la tortilla, el representante de la Profeco dijo que se realizan en todo el país operativos de monitoreo de precios y verificación de cumplimiento de la norma en la materia.

Dejó en claro que no existen aumentos en el costo de insumo ni de combustibles que justifiquen de ninguna manera que se eleve desmesuradamente el precio del kilo de este alimento, básico en la dieta de la población.

Destacó que a nivel nacional se ha advertido a los industriales de ese ramo que tendrán que acudir a las mesas de trabajo de la Secretaría de Economía para exponer su deseo de aumentar los precios, y en su caso justificar, si lo hubiera, algún ajuste.

Comentó que no hay un tope o control del referido precio, el cual se establece por oferta y demanda, por lo que los propios productores fijan el monto al que venderán el producto. De hecho, buscó explicar que hay entidades donde el precio promedio del kilo de tortilla llega a 10 y hasta 14 pesos.

Al ser cuestionado en torno a algunos casos en Morelos donde el precio subió a 18 pesos, Lepe Lepe aseveró que un alza exagerada no está justificada y la ciudadanía deberá iniciar una queja para que la Profeco pueda intervenir. Explicó que, por ley, se checa si los costos del productor realmente aumentaron para verificar si está justificada su actuación. Recalcó que esos precios deben estar a la vista para que los consumidores decidan dónde comprar.

Pero dejó en claro que está sancionada la especulación y el abuso y las multas pueden llegar hasta los cuatro millones de pesos.

El encargado de despacho García Campuzano externó que los operativos de verificación tanto en gasolinerías como en gaseras serán permanentes luego de la liberación de los precios de esos combustibles; al igual se mantendrán las acciones de verificación de molinos y tortillerías, con el mismo propósito de velar por los derechos de los consumidores.