La organización Impunidad Cero presentó una investigación en la que identifica, directamente, a 13 responsables administrativos por el socavón del Paso Express de Cuernavaca donde murieron dos personas, hace siete meses.

Con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Impunidad Cero detectó “conductas y omisiones… medias y gravísimas”, por el caso del socavón.

Entre ellas, las del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al señalar que entre sus obligaciones tenía “la responsabilidad de supervisar las labores de sus inferiores jerárquicos” y también por haber dicho que “la obra tendría una duración de 40 años”.

En un video publicado en abril de 2017, el titular de la SCT dijo:

Se cambió el material de asfalto a concreto hidráulico, un material mucho más resistente que sin duda le va a dar una vida cuando menos de 30, 40 años, sin tener que hacer ninguna reparación… Aquí vienen conmigo el ingeniero, Clemente Poon, director general de Carreteras; viene José Luis Escobedo, director general del SCT en Morelos; y que han sido los responsables de la ejecución de esta importante obra”.

A Clemente Poon, director general de Carreteras, se le atribuye una responsabilidad “gravísima”, por haber iniciado la obra “sin contar con un proyecto ejecutivo definido”, “fallar en su responsabilidad de supervisar la ejecución de la obra” y porque su “personal subordinado tuvo conocimiento desde el comienzo de la obra de los riesgos que presentaba la alcantarilla y el drenaje en el kilómetro 93+857”, “tal como demostraron varios oficios enviados por el Gobierno de Morelos y hasta vecinos de la zona.

Al exdelegado de la SCT en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, también se le responsabiliza de conductas “gravísimas” ya que fue notificado por el director de Protección Civil de Cuernavaca de la necesidad de sustituir el tubo del drenaje.

La sanción para Gerardo Ruiz Esparza, señala Impunidad Cero, debería ser la destitución y una sanción económica.

Mientras que al resto de los funcionarios, que cayeron en conductas “gravísimas”, sería la inhabilitación hasta por 20 años, una multa y la destitución del cargo.

Impundad Cero aclara que independientemente de la reparación del daño, que evitó la responsabilidad penal de funcionarios, el acuerdo no los exime de sanciones administrativas.

Sí hay posibilidades de sancionar por tiempo, modo y lugar, y elementos suficientes para llegar a esto. Si esto no sucede, hay impunidad y en la medida en que aumenta el tiempo, la oportunidad de que haya impunidad es mayor”, afirmó Darío Ángeles, investigador de la asociación Impunidad Cero.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que tomó conocimiento del informe de Impunidad Cero y añadió que las investigaciones aún continúan, en apego a los tiempos y plazos legales.

Con información de Jesús Bahena.