Por su parte, el fiscal general Uriel Carmona Gándara había comenzado una serie de acciones tendientes a demostrar que, si bien es cierto que fue designado por un Congreso que obedecía ciegamente al gobierno de Graco Ramírez, él tiene sus propios méritos y nunca ha sido perredista ni de ningún otro partido.
Sin embargo, tal parece que en esa sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, ya sea antes o después, alguien les recordó a ambos fiscales que si bien es cierto que tienen méritos profesionales, no estarían en ese lugar de no ser por la bendición de Graco Ramírez.
De otra manera no se puede entender que dos semanas después de ese evento oficial, el fiscal general estuviera ratificando al cuestionadísimo fiscal anticorrupción. Y si decimos cuestionado, es porque no puede negar sus orígenes perredistas, como tampoco que fue empleado del Poder Ejecutivo, primero en la Procuraduría Fiscal y después en la Consejería Jurídica.
Hay que recordar que Juan Salazar Núñez fue designado por el Congreso Local el 28 de agosto del 2015 por un periodo de tres años para encabezar la Fiscalía Especializada en Investigación de Hechos de Corrupción, como un organismo autónomo, es decir, que no dependía de nadie. Al ser una institución nueva, se tardó más de seis meses en funcionar, pero eso sí, el titular cobró puntualmente todas sus quincenas.
Ya totalmente conformada, la Fiscalía Anticorrupción demostró desde el principio para qué había sido creada: para perseguir a los enemigos del gobierno en turno. Así, comenzó con aquellos municipios en los que había indicios de transferencias a la cuenta bancaria del senador Fidel Demédicis Hidalgo, quien se había peleado con Graco y su hijo Rodrigo por la presidencia municipal de Temixco y otros ayuntamientos.
Luego enfiló sus baterías hacia el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, a quien nunca pudo hacerle nada. Y cuando por fin lo pudo cazar en un restaurante al norte de la ciudad, resultó que sus jefes decidieron que mantenerlo en la cárcel les sería políticamente contraproducente, por lo que no solamente ordenaron su liberación, sino que incluso pidieron la cabeza del fiscal.
Al final del sexenio graquista, la Fiscalía Anticorrupción sólo mantenía en la cárcel al ex alcalde de Cuautla, Jesús González Otero, quien finalmente salió libre de manera cautelar el 15 de septiembre y absuelto (en primera instancia) el 25 del mismo mes.
Aun así, fue ratificado por Uriel Carmona Gándara (ya no por el Congreso en virtud de que se reformó la ley y ahora la Fiscalía Anticorrupción es un área más de la Fiscalía General) por un periodo de siete años más, sin consultarle a nadie.
Si bien es cierto que legalmente la Fiscalía General del Estado es autónoma, este hecho representó un abierto desafío a las nuevas fuerzas políticas que imperan en la entidad, tras la aplastante derrota del PRD en julio pasado.
Es más, podría decirse que la permanencia del perredista representa el más grande obstáculo para una cordial relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con la Fiscalía, dado que Uriel Carmona no tiene antecedentes partidistas y en cierta forma ha cumplido con los encargos del gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Salazar Núñez no sólo se ha empecinado en continuar en un cargo, en el que ha demostrado sobradamente su incapacidad, sino que ha desafiado a todo aquel que se atreva a cuestionarlo.
El pasado 8 de marzo llegó a la redacción de La Unión de Morelos un documento en varias cuartillas, en el que la dependencia en cuestión hace uso de la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y exige la publicación de una “aclaración” sobre una nota publicada ese mismo día.
En esa nota se informa que el juez Eddie Sandoval Lomé decretó la no vinculación a proceso del ex rector y actual titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Alejandro Vera Jiménez, así como de su esposa y catedrática universitaria María Elena Ávila Guerrero, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, con lo cual quedaron zanjados dos de los tres procesos que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, durante el gobierno anterior, le inició al también ex candidato a gobernador.
La inconformidad de Salazar Núñez es que el título de la nota afirma que “Absuelven a Vera Jiménez y a su esposa de enriquecimiento ilícito”, aunque en el cuerpo de la misma explica que se trata de una resolución no definitiva y se le da voz al abogado defensor Cristian Fragoso.
Pues bien, el fiscal anticorrupción mandó una “réplica” que consta de cinco cuartillas, incluyendo la copia de su cédula profesional, en la que asegura que el ex rector no ha sido perseguido por mandato o consigna de esa Fiscalía y que la resolución ya fue apelada.
Ignoró el abogado de profesión que la ley a la que hace referencia menciona lo siguiente:
“Artículo 13. El contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva y en ningún caso, podrá comprender juicios de valor u opiniones, ni usarse para realizar ataques a terceras personas y no podrá exceder del tiempo o extensión del espacio que el sujeto obligado dedicó para difundir la información falsa o inexacta que genera un agravio”.
Su información no desmiente lo publicado por Maciel Calvo, sino que lo complementa y enriquece.
Bastaría con que el funcionario hubiese contestado a las múltiples solicitudes de entrevista para estar en condiciones de dar tan amplia explicación.
Pero está demostrado que Salazar Núñez sigue actuando como cuando era consejero jurídico de Graco Ramírez y todo lo quiere resolver jurídicamente.
Y jurídicamente quizás logre permanecer los 7 años que dice su nombramiento, pero con una imagen deteriorada, como sobreviviente de un gobierno nefasto, proveniente de un partido que fue prácticamente borrado en las pasadas elecciones. Otro funcionario con un poquito de dignidad ya hubiera renunciado, pero parece que Salazar Núñez le cumplirá a su ex jefe hasta las últimas consecuencias.
Y esperamos el escrito de réplica, pero eso sí, sin que se pase de seis mil 373 caracteres.
HASTA MAÑANA.
