Luego de una reunión sostenida entre los padres de familia y autoridades educativas como parte de las mesas de diálogo en las que participa la CDHEM, el organismo informó que existe preocupación por las circunstancias en que los niños toman clases y los riesgos a que son expuestos en virtud de que el Centro de Actualización Magisterial es utilizado como plantel porque el edificio de la primaria fue inhabilitado después del derrumbe ocurrido hace más de cuatro años.
Detalló que hasta el momento se ha acordado que cuatro arquitectos lleven a cabo un dictamen técnico a fin de actualizar los planos que forman parte de los requisitos para registrar el nuevo domicilio de la escuela, toda vez que dichas instalaciones forman parte del Centro de Actualización Magisterial (CAM), donde se concentran siete servicios a docentes, tales como actualización y capacitación.
En las mesas de diálogo, detalló el organismo, los padres de familia argumentan que las autoridades educativas eligieron el CAM como sede provisional debido a que el colegio había sufrido un derrumbe; sin embargo, desde hace más de cuatro años continúan exigiendo a la Secretaría de Educación y el IEBEM una solución, entre las que se encuentra la reubicación de los maestros.
Los afectados explican que los estudiantes están expuestos de manera constante a ser atropellados, a sufrir diversos accidentes y ser víctimas del robo de infantes al mantener de manera constante las puertas abiertas de la institución y ser trasladados a una cancha deportiva externa a las instalaciones para tomar la clase de educación física.
Además, es ineficiente la dotación de servicios básicos para ejercer el pleno desarrollo de los estudiantes ya que también los baños son utilizados por 44 maestros, donde los alumnos han encontrado preservativos.
Ante estos argumentos, la CDHEM afirmó que continuará formando parte de las mesas de diálogo para pedir la continuidad de las clases de manera inmediata, así como buscar alternativas para un espacio digno y la solución viable a dicho problema sin perder la credibilidad de las autoridades para que cumplan y respeten los acuerdos pactados.
