La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) comenzó con el nuevo  Diagnóstico Local de Supervisión Penitenciaria, que consistirá en verificar las condiciones físicas en que se encuentran los cinco reclusorios estatales, incluido el centro de internamiento para menores, y la aplicación de las estrategias de reinserción social. 

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, informó que el personal del organismo aplicará una encuesta a por lo menos el diez por ciento de la población penitenciaria, con la finalidad de evaluar si las y los internos tienen acceso a servicios de salud, a programas educativos, de atención especializada en el caso de personas de la tercera edad o con discapacidad, actividades recreativas o deportivas. 

Además, de supervisar que las instalaciones cuenten con las debidas medidas de seguridad e higiene, así como las autoridades y el personal de custodia respeten los derechos humanos y apliquen debidamente las políticas de reinserción social. 

A tres semanas de los hechos violentos por el  amotinamiento de los reos dentro penal de Atlacholoaya, que dejó un saldo de siete muertos, señaló que es importante que se cumpla con la ley y las condiciones necesarias para la reinserción de las personas, de los contrario “de nada sirve, o de muy poco sirve, que una persona que recibe como sanción una pena privativa de la libertad  y que en su estancia en reclusión no se logren los objetivos de una pena”.

Indicó que la supervisión comenzó en el penal de Atlacholoaya y continuará en los próximos días en el resto de cárceles distritales y el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla), con el objetivo de presentar los resultados de esta nueva supervisión en enero de 2020. 

Recordó que recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) difundió los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en el que Morelos empeoró su evaluación, al pasar de 7.2 en 2018 a 6.5 en 2019.