El 19 de septiembre de 2017 México cimbro con uno de los mayores terremotos de toda su historia, un sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter localizado en el límite estatal entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, dejando pérdidas catastróficas en la zona, principalmente en el sector de la vivienda.

A raíz de lo sucedido, el gobierno de México a través de la Comisión Nacional de Vivienda, (Conavi) emitió una convocatoria para pertenecer al padrón de asistentes técnicos en construcción, donde profesionistas, organizaciones, asociaciones, empresas e instituciones públicas dedicadas a la asistencia, desarrollo y supervisión con experiencia en edificación de vivienda, particularmente en producción social, pudieran supervisar los proyectos de las familias damnificadas.

La temática consiste en otorgar un subsidio directamente a las familias damnificadas para la construcción de su vivienda y del mismo presupuesto se destina hasta un siete por ciento al asistente técnico por sus servicios. A partir de este “sistema” se ha creado una red de supervisores que controlan todo el sector de la construcción en zonas específicas del estado de Morelos, instaurando una “mafia de asistentes” que solo buscan el beneficio propio, dejando atrás la ética profesional y la humildad que uno como profesionista debería tener.

Las malas noticias han llegado a todo el estado, la negligencia de estos “pseudo profesionistas” han tomado el interés de diferentes medios para documentar lo sucedido.

La situación ha ido empeorando cada día, la falta de supervisión hacia ellos ha sido nula y gracias a esta libertad han podido hacer lo que quieren, a un grado en que los mismos asistentes técnicos toman las decisiones de construcción, espacialidad y de diseño de las familias damnificadas. En particular existe el caso de la familia Lara, ubicada en Tlaquiltenango, Morelos, donde el asistente técnico decidió derrumbar alrededor del 25 por ciento de avances de obra con la supuesta premisa de que estaba “mal hecha”, solo porque la familia Lara decidió modificar el espacio de su propia casa. Sin tener ningún fundamento, el asistente demolió muros, haciéndole ver a la familia Lara que era su culpa y que de su bolsa tendrá que reponer la nueva construcción que el mismo derrumbó.

No entiendo en que momento esta empresa llamada “ASTEC Asesores técnicos en arquitectura, ingeniería y construcción” con sede en Cuernavaca, tuvo la bajeza de demoler la vivienda de una familia de bajos recursos. Aquí ya no se trata de falta de ética profesional sino de humanidad.

Este tipo de acciones no se pueden quedar en papel o sin hacer “ruido”. Si ConavI no atiende estos hechos de abuso, quien alzará la voz será la sociedad.