Cuando se hace un reconocimiento expreso de personas gestantes y no limitando al género femenino, se da apertura y respeto a las diversas expresiones de género con que cuentan las personas, sin distinción o discriminación alguna. De esa manera, Argentina se posiciona como un país que marca un hito en el avance de la justicia reproductiva y los derechos sexuales, con la Ley 27610.

Esta causa feminista proviene de entender la dimensión y complejidad del problema que subyace a la necesidad que viven las mujeres y las personas con capacidad de gestar en torno a la práctica del aborto, pues implica reconocer que existen barreras de desigualdad y riesgos en la salud por procedimientos de aborto no seguro o clandestinos.

Y es que, según un estudio publicado por la revista científica The Lancet, la proporción de abortos que pueden considerarse como seguros desciende en función del grado de restricción de la legislación vigente en cada país, arrojando como resultado que los países centroamericanos tengan los índices más precarios en materia de procedimientos de interrupción del embarazo seguros de toda la región (The Lancet, 2017).