El organismo emitió un informe especial sobre las condiciones de las mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social ubicado en Coatlán del Río.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió de posibles actos de tortura y tratos crueles contra internas del Centro Federal de Readaptación Social número 16 (Cefereso-16), ubicado en Coatlán del Río, en el sur de Morelos.

El organismo nacional emitió un informe especial sobre las condiciones de las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso-16 e informó del inicio de una queja que se encuentra en proceso de integración por la presunta violación de los derechos humanos de la internas, ya que durante una inspección rutinaria realizada en enero pasado por personal de la Tercera Visitaduría General de la CNDH “se identificaron datos susceptibles de ser probados, relacionados con encierros prolongados y deficiente atención de su salud física y mental”.

Detalló que los hechos fueron del conocimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), también dependiente de la CNDH, para verificar las condiciones de internamiento de las mujeres e “identificar posibles factores de riesgos estructurales de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en el módulo 10 del CEFERESO-16”.  

Explicó que el personal de la comisión aplicó cuestionarios a 57 de las 59 mujeres ubicadas en el módulo, de los cuales 35 fueron de carácter clínico y se documentaron lesiones autoinfligidas en 28 mujeres.
Además, se hizo la revisión de los expedientes únicos de las personas privadas de la libertad, se efectuaron recorridos, se entrevistó al personal y se requirió información documental a las autoridades del centro penitenciario. 

Entre los hallazgos relevantes, destacó que el 66% de las mujeres entrevistadas refirieron que cuentan con alguna condición de salud mental que requiere un seguimiento especializado, aunque algunas de ellas señalaron que existió un diagnóstico psiquiátrico previo a su ingreso al penal y otras refirieron que el diagnóstico se realizó durante su detención, pero todas manifestaron que no reciben seguimiento médico de manera adecuada en el Cefereso-16.  

De igual forma, se encontró que el 58% de las mujeres entrevistadas presentaba ansiedad grave; 46% depresión severa; el 26% sentimiento de desesperanza severa, y que el 34% de ellas enfrentaba una condición de riesgo suicida alto, relacionado con la práctica del cutting (cortes en distintas partes del cuerpo que pueden ocasionar la muerte).
Se identificó también que internas ubicadas en ese módulo presentaban problemas asociados al consumo de drogas y que la mayoría de ellas, el 86%, son madres de niños y niñas de siete años de edad o menos. 

La CNDH dijo que detectó ocho factores de riesgo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, porque los traslados a otros centros penitenciarios o módulos se realizan sin la protección de derechos y perspectiva de género; los “procesos de encierro” o aislamiento son prolongados; hay obstáculos para la comunicación con el exterior; existe inadecuada integración de registros; las condiciones de habitabilidad vulneran la dignidad de las personas; es insuficiente el personal de seguridad y custodia, técnico, de psicología, trabajo social, criminología y médico para cubrir las necesidades de las mujeres privadas de la libertad; y hay una falta de atención al riesgo suicida.

Por ello, la CNDH, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se solicitó al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social la implementación de acciones de prevención indirecta que abonen a la construcción de una política pública estructural de inmediato cumplimiento, así como la implementación de acciones a mediano y largo plazos, que impacten en la reversión de los factores de riesgo identificados y contribuyan a garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad.

La solicitud incluyó a la Secretaría de Salud federal y la Secretaría de Salud de Morelos con el fin de que ambas instituciones establezcan los lineamientos de colaboración institucional y cooperación con la autoridad penitenciaria de acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal.