Comenté en mi última entrega sobre el instituto electoral de nuestro estado y que este su diario ha dado cuenta en diferentes publicaciones. El pasado 8 de marzo se publicó una convocatoria para la licitación pública de siete automóviles sedán y una camioneta pick up, que se intuye serán para los ocho consejeros con que cuenta el instituto, mismos que serían pagados en efectivo en sus oficinas. Ni el Ayuntamiento de Cuernavaca puede ostentar esta capacidad de pago, ya que las unidades que este adquiere lo hace sobre la base de arrendamiento. Días después, el 14 de marzo el Impepac solicitó un aumento al presupuesto para llevar a cabo la consulta para la integración del Presupuesto 2024, misma que se hará a todas las comunidades mediante asambleas, siendo la primera vez que esto se lleva a cabo, y terminar así con las disputas entre el Congreso y el Ejecutivo por la asignación de los recursos que el primero establece para la realización de obras, cargando los dados a municipios afines a los legisladores. El reparto del botín dirigido en pocas palabras. El asunto es que la cantidad asignada de 15 millones de pesos se le hace poca a los consejeros electorales, que argumentan que son muchas las asambleas que tendrán que llevar a cabo, como si su organización implicara un gran gasto, habida cuenta que los ciudadanos no recibirán pago alguno y que su privilegio será cuando mucho ser tomados en cuenta para que se destinen recursos por este tema a sus poblaciones.

En el colmo de la desfachatez, en el pasado mes de marzo también modificaron el reglamento interior del instituto para otorgarse jubilaciones doradas por escasos siete años de servicio que debería ser cívico, como lo fue en el pasado cuando no se tenían sueldos estratosféricos por tan escaso trabajo, ni privilegios como viáticos y autos de lujo. Siguiendo la frase de lo que hace la mano hace la tras, esta modificación la llevaron a cabo justo después de que el INE de Lencho Córdova hiciera lo propio para él y todos los consejeros y funcionarios de nivel que terminaron su período y/o abandonaron el barco con jugosas liquidaciones antes de que venga un nuevo gobierno y logre erradicar estas prácticas corruptas y se logre reducir el presupuesto en privilegios. Este beneficio, si otra cosa no ocurre, lo recibirán tres de los consejeros que terminan su encargo en 2024, por una cantidad superior a 1.6 millones de pesos cada uno. Lo que se dijo en esta columna anteriormente: nunca les importó la democracia ni la dizque defensa del voto. Manipularon a medios y redes para conseguir su objetivo personal. Por ello, los institutos locales electorales deben desaparecer porque su aporte a la democracia estatal es prácticamente nula.