Tras la polémica generada por la sentencia de tres años de internamiento dictada a Edgar “El Ponchis”, a quien se le atribuyó –entre otros delitos- la responsabilidad de tres secuestros y cuatro cruentos homicidios, especialistas en derecho penal han considerado que la legislación en materia de justicia para adolescentes ya está rebasada.

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos, Uriel Guadarrama Carreño, lamentó que la propuesta para reformar la Ley de Justicia para Adolescentes estatal haya quedado “atorada” en el Congreso local.

Y es que, desde el inicio de este año, los penalistas habían planteado a diputados modificar las penalidades a los adolescentes infractores, debido al incremento de casos de jóvenes enganchados por la delincuencia organizada y considerados de “alta peligrosidad” como en el caso de “El Ponchis”.

Incluso hubo dos propuestas legislativas, la primera contemplaba incrementar la pena máxima de 5 a 7 años de prisión a los jóvenes de 16 a menos de 18 años de edad que cometieran conductas delictivas, y de 3 a 5 años de pena máxima a los adolescentes entre 14 y 16 años.

La segunda planteaba legislar sobre “casos especiales”, es decir que se duplicara la pena máxima establecida en la actual ley para los grupos de 14-16 años y 16 a menos de 18 años de edad, cuando los adolescentes hayan incurrido en delitos graves, con violencia y la conducta de los jóvenes sea evaluada como de alta peligrosidad.

Sin embargo, ninguna propuesta proliferó debido a conflictos políticos al interior del Congreso.

El líder de los abogados penalistas sostuvo que existe una preocupación generalizada sobre qué va a pasar cuando jóvenes como Edgar “N” egresen de los centros de internamiento, pues no sólo las penas son insuficientes cuando se trata de menores de “alta peligrosidad” sino que ni siquiera hay programas de seguimiento que vigilen que los muchachos no se reincorporen a las filas de la delincuencia.

“Creo que la Cámara de Diputados debe replantear esta situación, replantear penas más duras, más estrictas. Pues si bien son menores de edad, se comportan y cometen crímenes como adultos”, dijo.

Y es que, resaltó, la benevolencia de la ley para con los menores, ha provocado que las bandas criminales los utilicen con mayor frecuencia para cometer ilícitos, pues las penas son ínfimas.

Además Uriel Guadarrama consideró necesario la creación de un programa de seguimiento para los jóvenes que egresan de los centros de internamiento, pues es obligación del Estado garantizar a la sociedad que los internos hayan sido rehabilitados.

Por su parte, la presidenta de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Adela Manzanarez Alonso, también expresó preocupación por el caso de Edgar. “Este caso no indica que la ley actual no está adecuada a los nuevos tiempos en que vivimos”, dijo.

Se pronunció por reformas a la Ley de Justicia para Adolescentes de Morelos, así como exhortó a los diputados federales aprobar la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Y es que, ante la inexistencia de esta legislación, son los estados los encargados de juzgar y rehabilitar a los infractores que cometieron delitos federales como narcotráfico y delincuencia organizada.

También sostuvo que las autoridades deben aplicar cabalmente el artículo 18 constitucional que establece la obligación del Estado de procurar salud, deporte, empleo y educación, especialmente a jóvenes que han estado en conflicto con la ley.