A Edgar García Aburto no le bastó el sentido común para entender por qué no podía convivir de manera normal con sus hijos después de su divorcio, por ello, comenzó a estudiar derecho; quería entender los criterios de los jueces, de los psicólogos y, sobre todo, saber qué ordenaba la ley en estos casos.
Además, se unió a una organización nacional que, en Morelos, tiene como finalidad apoyar en la defensa de los derechos de los hijos de padres divorciados o separados.
Algo de su historia
Después de ocho años de matrimonio, su esposa y él decidieron separarse. De su relación nacieron dos hijos, en la actualidad de seis y 12 años de edad. Su ex esposa decidió dejarle a los hijos, porque ella tenía mucho trabajo. El horario y el trabajo que él realiza siempre le han permitido estar cerca de ellos.
Promovió un divorcio incausado en Jiutepec, por ser el último domicilio conyugal; fue un jueves 28 de febrero del año 2019, último día que los juzgados permanecerían abiertos ante la emergencia sanitaria del covid-19.
Edgar recuerda que su abogado pidió al juez del Noveno Distrito que, ante la situación de la pandemia y el hecho de que Edgar tenía a sus hijos bajo cuidado, se le otorgara la guarda y custodia temporal.
Pasó el tiempo y como los juzgados estaban cerrados el juicio no avanzó.
En esta circunstancia, a su esposa “le nació” la idea de ver a los hijos, por lo cual acordaron que ella los tendría unos días de la semana y él otros.
Tiempo después, cuando los juzgados reabrieron, le fue notificada una demanda de divorcio incausado en su contra promovido por su ex esposa ante el Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito en Xochitepec. Allí ella aprovecho para, de igual forma, solicitar la guarda y custodia de los hijos.
Junto con la guarda y custodia de sus hijos en favor de su ex esposa llegó el requerimiento de la pensión alimenticia, un descuento directo en la nómina de la institución donde trabaja, lo que lo afectó porque además de pagar pensión debía mantener a su mamá, adulta mayor y a su hermana, menor de edad, y pagar las deudas que él y ella contrajeron durante el matrimonio.
“Siempre fui optimista en pensar que ese dinero de cualquier forma es para mis hijos, y quien mejor que la mamá de ellos para administrarlo, esa idea fue otro de mis errores más grandes que he pensado”, dijo Edgar.
Comenzaron los verdaderos problemas
Relató que pasó casi un año después del divorcio, en ese tiempo soportó muchas cosas.
“Los cambió de escuela, sin ninguna explicación aparente, me entregaban a mis hijos con ropa vieja, desgastada, sus zapatitos maltratados. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando me di cuenta que dejaba solos y encerrados en su domicilio a mis hijos, mientras ella salía a trabajar. Pero lo que no tuvo cabida en mí fue cuando un día mis niños me fueron entregados con moretones y mordeduras, lo que me obligó a llevar a mis hijos ante el Ministerio Público para presentar una denuncia por omisión de cuidados. De allí fuimos canalizados a un departamento de la Fiscalía del Estado llamado Fiscalía Especializada en Niños y Adolescentes. En ese lugar los niños contaron que un día su mamá los dejó a cargo de su abuela. “Mis hijos empezaron a pelear entre ellos, mi niño más pequeño se le fue a mordidas a su hermano, dejándole marcas de mordidas en su pecho y al defenderse golpeó al pequeño en la cabeza dejándole un chichón muy evidente. De todo esto ni la abuela que los estaba cuidando, ni la madre se percataron. En la Fiscalía me trataron como sí yo hubiera llevado a los niños a que los revisaran por molestar a mi ex esposa”.
Pide la guarda y custodia, se la restringen
“Con estas evidencias, mi nuevo abogado solicitó la guarda y custodia de mis niños. Para ese entonces yo ya había iniciado una relación con mi actual pareja sentimental y nos encontrábamos trabajando en la aceptación de mis hijos a ella y de su hijo de ella hacia mí, para consolidarnos como familia”.
Edgar platicó que su ex esposa dio contestación al pedimento de guarda y custodia, afirmando una serie de mentiras: “acusaba a mi actual pareja de ser la culpable de la separación matrimonial, incluso me acusó de ser alcohólico, cuando ella y la gente que me conoce saben que yo no ingiero bebidas embriagantes”.
En diciembre no pudo ver a sus hijos, su ex mujer los retuvo, como consecuencia de que ella presentó una denuncia contra la actual pareja de Edgar, acusándola de maltrato a los niños.
A decir del papá de los niños, los hechos que no demostró la mamá fueron falsos.
En una audiencia en la que estuvieron presentes el agente del Ministerio Público Adscrito, los peritos psicólogos y la jueza, ésta le preguntó a los niños con quién querían vivir y ellos le dijeron que con su papá. La jueza también les preguntó si la esposa de su papá los maltrataba y ellos respondieron que no, que los trataba muy bien.
A pesar de esto, la jueza impuso a Edgar y a su actual pareja restricciones: ella no puede estar en casa de Edgar cuando los niños convivan con su papá.
También redujo el tiempo de las convivencias, sólo los puede ver los jueves y los viernes (antes también los podía tener los miércoles) y por si fuera poco, ahora Edgar tiene que ir por sus hijos desde Jiutepec a la casa de su ex pareja, que vive en Xochitepec, regresar a Jiutepec y luego regresar a los niños a la casa de su ex pareja.
Pese a que se han presentado pruebas del daño que ha hecho la mamá de los niños a éstos y al papá, la jueza Yuriana Arias Oropeza ha impuesto medidas restrictivas a él y no a ella.
Se puso a estudiar Derecho
“La necesidad de entender este problema y ayudar a mis hijos me llevó a consultar el Código familiar del Estado de Morelos y después el Código Procesal Familiar del Estado de Morelos.
Le dije a mi abogado y maestro que no le entendía, y él (dijo) que yo no tendría por qué entender esos documentos, pero me sugirió estudiar.
Y así lo hice. Me inscribí a la licenciatura en Derecho en el Centro Educativo Morelense y actualmente curso el tercer cuatrimestre.
El maestro sigue llevando mi caso, pero soy yo quien de cierta forma y por así decirlo lleva el seguimiento de mis hijos en el juzgado”.
La ley no es justa
Según Edgar, en todo este viacrucis que ha enfrentado ha habido preferencias en favor de la mamá de sus hijos y discriminación hacia él, las autoridades malinterpretan la perspectiva de género, hay un apoyo incondicional hacia la mujer, el dicho de la mujer es prueba aunque no esté apoyado en los medio probatorios que la ley ordena y hay un prejuicio hacia el hombre, al que sólo ven como proveedor.
También dijo que el sistema ha sido rebasado entre los jueces, “pues se supone que ya ha sido erradicada la filosofía retrograda de que el hijo está mejor con la madre, pero las pruebas, la evaluaciones no dan oportunidad a abrir esa ventana que muestre la realidad del niño con su madre o con su padre, por lo que por tradición y ciegamente los jueces terminan declinando en favor de la mujer, aún más con la presión social de las modas y tendencias.”
Hay muchos casos en México
De acuerdo con algunos medios, hasta el año pasado de más de 82 mil niños en México eran víctimas de “obstrucción de vínculo parental”.
Edgar mencionó que Morelos hay muchos casos y que aunque no hay un dato estadístico es evidente que existen padres que han sido obstaculizados. “Basta con acudir los juzgados familiares y al Centro de Convivencia Familiar o del Menor, dependiente del Departamento de Orientación Familiar del Poder Judicial del Estado de Morelos, en donde los papás llegan a convivir con sus pequeños apenas unas horas, y en donde, por cierto, hace algún tiempo, hubo una protesta frente a sus instalaciones; ahí los papás podrían contar cientos de historias desgarradoras”.
En su búsqueda de ayuda profesional, Edgar se encontró en las redes sociales con la asociación civil No Más Hijos Rehenes, y con un caso en Monterrey, Nuevo León, que le llamó la atención.
El caso de Alejandro Ríos
Alejandro Ríos, padre de tres hijos, llegó a su casa en Monterrey, Nuevo León, y se dio cuenta que la madre de sus hijos y sus hijos no estaba; ella a través de una llamada le notificó que ya no volverían.
Alejandro presentó una denuncia penal por sustracción de menores, que fue descartada por la fiscalía porque los pequeños se encontraban su mamá; posteriormente demandó el divorcio incausado; en consecuencia, el juzgador ordenó las visitas virtuales a partir de abril de 2021.
En esa visita Alejandro esperaba ver por primera vez a sus hijos después de dos meses sin poder tener contacto con ellos, pero la madre no llevó a sus hijos.
Ese mismo día, Alejandro fue a casa de los abuelos maternos, donde encontró a uno de sus hijos golpeado y con el ojo morado. Él se lo llevó al Ministerio Público y presentó una denuncia por violencia familiar. En ese momento el menor presentaba desnutrición, maltrato y ansiedad.
La denuncia se estancó por el simple hecho de que la justicia actual tiene por encima la perspectiva de género, a pesar de que hay violencia física en contra de un menor de edad.
Después de tres meses pudo por fin obtener la custodia de su hijo; sin embargo, por medio del DIF le quitaron al pequeño y lo devolvieron con su madre, ignorando por completo las evidencias de violencia sufridas por el menor bajo la custodia de su ex esposa.
En octubre de 2021 Alejandro decidió levantar la voz e instaló un campamento frente a DIF, en protesta por las acciones y falta de acción de las autoridades que supuestamente deben velar por impartir justicia pronta y expedita en favor del interés del menor. La protesta se comenzó a publicitar mediante notas y reportajes en periódicos y redes sociales y se comenzaron a sumar más padres de familia que pasaban por la misma situación.
En octubre de 2021, como resultado de la protesta, se comenzó a gestar un colectivo de víctimas afectadas, con rasgos comunes : un descendiente obstructor, que en 85 por ciento de los casos es la madre, un sistema legislando con perspectiva de género, unas autoridades judiciales que no accionan por el simple hecho de que los menores se encuentran con la mamá, jueces y abogados que les conviene hacer eternos estos procesos a cambio de una tajada económica en este lucrativo negocio que son los niños.
En este momento se tenía claro que es un problema nacional que, nada más en Nuevo León, afectaba a más de mil 300 familias por año.
Por fin encuentra ayuda
Edgar relató que buscó asesoría en No Más Hijos Rehenes y Gilberto Núñez, fundador de la asociación civil, le respondió.
También dijo que recibió ayuda gratuita de esta organización que se formó en abril de 2023, y que, después de muchas pláticas, aceptó una oferta que Gilberto Núñez le ofreció: coordinar en Morelos los esfuerzo de esta organización sin fines de lucro, que tiene como finalidad brindar apoyo en la defensa de los derechos de los hijos de padres divorciados o separados, así como de toda su familia extensa.
La organización también busca crear conciencia en la sociedad acerca del bienestar de la custodia compartida, erradicar las prácticas de la obstrucción del vínculo, promover reformas a leyes obsoletas en materia familiar y penal, ofrecer ayuda jurídica, psicológica y mediación familiar a padres y familia obstruida.
En la actualidad, la asociación está presente en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, CDMX, Edomex, Sonora, Baja California, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Morelos y se van a expandir a todo México.
Quienes estén interesados en esta organización sin fines de lucro puede contactar a los coordinadores por medio de las redes sociales:
