Octavio Romero, titular del Instituto, denunció que Morelos es una de las seis entidades con la mayor cantidad de juicios masivos contra acreditados, por supuesta morosidad, pero que tienen su residencia en otro sitio.

El estado de Morelos se encuentra entre las seis entidades del país que concentran la mayor cantidad de juicios masivos contra acreditados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pero las viviendas se encuentran en otros estados, informó el titular de ese organismo, Octavio Romero Oropeza.

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal explicó que es en Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California Ciudad de México y Morelos donde se concentra el 82% de las demandas de todo el país que fueron promovidas por el Infonavit contra acreditados que supuestamente se encontraban en condición de morosidad de pago, pero que no tienen su residencia en la misma entidad, lo que se hacía de manera intencional para que nunca fueran notificados, se aceleraran los procesos debido a la ausencia de una de las partes, y finalmente se perdiera el juicio, lo que supondría actos de colusión.

Recordó que esta estrategia de juicios masivos se implementó en 2012 y en ella los despachos legales no notificaban a los acreditados, pero además se incluyó a personas que no tenían problemas de pago, por lo que se demandó a los trabajadores en estados que no correspondían a su residencia.

Subrayó que con estas acciones llevadas a cabo en sexenios anteriores, se afectó a 373 mil derechohabientes, sin que el Comité de Auditoría, ni la Comisión de Vigilancia del Infonavit, realizaran alguna acción en su defensa.

“El asunto es que en esta administración continuamos con la averiguación porque se nos hacía raro de que esto nada más hubiese ocurrido en Nayarit, entonces iniciamos una revisión a nivel nacional y miren ustedes lo que encontramos”, expresó.

En una de las láminas proyectadas por el funcionario se lee que en el estado de Morelos detectaron en total seis mil 471 demandas contra acreditados, de los cuales, únicamente 728 correspondían a viviendas asentadas en la entidad, mientras que las cinco mil 743 restantes pertenecen a otras entidades.