En conferencia de prensa, expusieron que el martes 14 de agosto a partir de las 11 de la mañana observaron a un kilómetro de distancia una fuerte movilización de granaderos, pues observaron alrededor de 31 vehículos de dicho cuerpo policíaco. Narraron que de las camionetas habrían descendido personas con aspecto de policías, pero vestidos de civil que se concentraron en el centro. Señalaron que aunque la versión oficial fue que se trataba de un operativo para desalojar a presuntos asentamientos irregulares de un predio, al conocer de este hecho, se corrieron versiones en el poblado de que se pretendía que la fuerza pública entraría a Huexca para tomar las instalaciones donde se proyecta la construcción de la planta termoeléctrica, así que los pobladores se reunieron a dar la alerta y al verlos, los policías se habrían dispersado, “y en su lugar llegaron un grupo de encuestadores que preguntaron a la gente qué programa de gobierno preferían, si programas con ingresos de 500 a mil pesos mensuales o programas para adultos mayores o mujeres, además de datos de los habitantes de cada vivienda”.

Denunciaron que “hay un linchamiento mediático” por parte de la Comisión Federal de Electricidad; declaraciones del secretario de desarrollo económico Rafael Tamayo Flores, que sostiene que el proyecto sigue adelante, junto con un “pequeño grupo pagado que dice estar a favor de la termoeléctrica”, elementos que consideraron como “señales de preparar el campo para una represión”.

En este sentido, aseveraron que la comunidad ha decidido aceptar el diálogo con el gobierno electo bajo los siguientes términos: “que sea un diálogo abierto delante de toda la comunidad el 6 de septiembre del 2012; que se cancelen las demandas penales con respecto a la termoeléctrica y cese al hostigamiento a la comunidad de Huexca e interceder por una salida pacífica que respete la decisión de la comunidad”.