Consideró que un sistema de alarma y de circuito cerrado que puede cuidar las 24 horas del día un lugar, suele ser más seguro que contratar personal de seguridad privada ya que éstos no pueden portar armas, y con lo que se enfrentan es a grupos de delincuentes que tienen herramientas para hacer sus fechorías, mientras que ellos, sólo tienen una macana y gas lacrimógeno.
Al respecto, abundó López Laguardia “hay una ley a nivel nacional para que ciertas compañías puedan dotar a su personal de seguridad privada de armas, es lo que hacía la PIBA, pero es una situación delicada, por lo que creo que se deben generar estrategias para poder controlar a las empresas que pudieran tener este tipo de permisos, porque hoy hemos sido superados porque los delincuentes que saben que los elementos de seguridad no traen armas y con lo único que se pueden topar es con una macana y un gas lacrimógeno, lo cual en realidad no pueden frenar el acto delincuencial al que puede ser sujeto un empresario o una familia que contrata sus servicios”.
Por ello, consideró que hay un gran reto para poder poner orden en el tema de las empresas de seguridad privada, “sobre todo aquellas que prestan protección y no están siendo supervisadas en el estado, ya que vemos cómo muchas operan con un permiso federal y se brincan el procedimiento estatal y otras que ni siquiera están registradas y que están trabajando, pero que el propio cliente no sabe a quién está contratando”.
Finalmente, Rodrigo López señaló que también “los legisladores tendrán que analizar la situación de las políticas públicas en relación a este tema para que existan métodos de seguridad más controlados que permitan que la gente que ofrezca ese este tipo de servicios, como son la venta de circuitos cerrados y el servicio de guardias privados, estén realmente sujetos a una revisión y a la propia ley, y no estén operando impunemente”, y recordó que “hay una ley estatal de seguridad pública privada también que la gente tiene que conocerla, y hacer que el Gobierno cumpla la responsabilidad de vigilar que esa legislación se cumpla”.
