De acuerdo con el organismo, a petición del afectado se inició el expediente de queja 149/2013-1 por la presunta vulneración a sus derechos humanos por integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y ERUM del municipio de Tepoztlán.
El ciudadano agraviado acusó el uso excesivo de la fuerza tras ser detenido y golpeado en el rostro causándole el desvío del tabique nasal, así como la sustracción de un estéreo que se encontraba en el vehículo que conducía en el momento de los hechos.
Al integrar la queja, la comisión constató que la corporación municipal ingresó al quejoso a los separos, pero omitió la certificación médica y prestarle primeros auxilios. Además no realizó debidamente el inventario de los objetos que se encontraban en el vehículo conducido por el agraviado.
“Este organismo defensor de los derechos humanos realizó las investigaciones correspondientes, en las cuales se evidencia que los elementos encargados de hacer cumplir la ley tuvieron conocimiento del aparato de sonido presuntamente sustraído, sin embargo no fue asentado en el inventario del vehículo automotor, lo cual pone en entredicho el correcto ejercicio de su función con honradez”, recalcó el organismo.
También se constató que la Unidad de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Tepoztlán, inició un procedimiento administrativo por estos hechos, pero sólo uno de los elementos de la Policía Municipal se sujetó a investigación, aún cuando en los hechos participaron más servidores públicos.
La comisión consideró que hubo elementos que evidenciaron la fehaciente la vulneración de los derechos humanos a la integridad y seguridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica, por lo cual emitió la recomendación al alcalde de Tepoztlán, Francisco Navarrete Conde.
Por lo tanto, el organismo requirió al edil la reparación integral del daño causado al quejoso, en que se incluya la devolución de su auto-estéreo; se sujete a investigación administrativa a todos los elementos que participaron en los hechos; y se capacite a todos los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y ERUM del municipio en el uso legítimo de la fuerza pública; responsabilidades legales y prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, promoviendo el hábito de denuncia de estos supuestos.