Allí los gobernadores del país reconocieron que la calidad del agua potable para consumo humano es un asunto de salud pública, por lo que se comprometieron a buscar y apoyar todas las acciones encaminadas a garantizar que las familias mexicanas tengan acceso al preciado recurso natural.

En esta sesión de la Conago se tomó la decisión de respaldar las acciones en materia de salud, mientras que se comprometieron a exhortar a los responsables del suministro de agua para consumo humano en cada estado, para que desinfecten el agua con apego a la normatividad vigente, en el marco de los Programas Federalizados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

El gobernador Marco Adame señaló que al inicio de su administración, había una cobertura de agua potable en tan sólo 87% de las comunidades de la entidad, y a poco más de tres años ya ha logrado avanzar al 93%, aunque la meta al 2012 es que el 97% de los hogares tengan ese beneficio.

Para la zona de los altos de Morelos, que integra a los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, Tlalnepantla, Atlatlahucan y Totolapan, el gobierno estatal ha invertido más de 112 millones de pesos para dotar de agua potable a sus habitantes.

En ese sentido, el primer compromiso de la Conago consiste en coadyuvar en la ejecución y cumplimiento de los siguientes objetivos: Promover, en el marco de los Programas Federalizados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que se destine un rubro específico para incrementar la desinfección del agua para consumo humano.

También se buscará instar a los gobiernos municipales a que en el ámbito de su competencia, mantengan y administren los sistemas de abastecimiento de agua potable para dotar a los usuarios del vital líquido con absoluta calidad sanitaria.

Otro compromiso importante consiste en solicitar formalmente al Gobierno Federal que se refuercen las acciones en la materia, a fin de mejorar la calidad del agua que se suministra, para consumo doméstico a la población.

El quinto compromiso es difundir esta declaración entre los sectores público, social y privado, para que en el ámbito estatal estén involucrados con las acciones a desarrollar, y para que se sumen a este esfuerzo. Y el sexto y último es celebrar los actos jurídicos consensuales que sean necesarios para cumplir con los objetivos comunes de la misma.