La suspensión "indefinida" de los procesos de evaluación de maestros es un acto político con fines electorales; pasada la elección, querrán embestir a los docentes con seis y 20 años de antigüedad, a pesar de que la autoridad sabe que se ha violentado la legislación recientemente reformada, pues no se ha cumplido con varios aspectos, como el contar con los recursos suficientes.
Así lo señaló el representante de la Coalición de Trabajadores de la Educación, Yosmin Castillo Castrejón, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que se determinó la suspensión indefinida de dichos procedimientos, toda vez que no se trata de una cancelación total o definitiva.
Ante el único argumento de que se van a valorar algunos elementos, el líder de este grupo interno del magisterio, destacó que ya han señalado que los tiempos ya los rebasaron, porque la Ley del Servicio Profesional Docente marca los plazos que ya se vencieron.
Se establece en esa norma que los profesores que entraron por el concurso de oposición 2014-2015 deberían tener un tutor y a un mes de terminar el ciclo, no lo tuvieron, de tal manera que cuestionó cómo los van a evaluar, sino se cumplió la legislación en este aspecto.
Además, refirió que el mismo Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), ha señalado que quienes evaluarán a los maestros, deben ser evaluadores certificados por instituciones reconocidas públicas o privadas, pero no se han realizado esas certificaciones, por lo tanto no hay evaluadores que cumplan con ese requisito legal.
Aunado a lo anterior, se suma la falta de presupuesto económico para cumplir con la estructura ocupacional que marca la reforma.
"No somos ingenuos, sabemos que esto es un acto político por el anuncio de paro en 10 estados y el empuje en la mesa de negociación sindical. Se conjugó todo eso y el caso de los estudiantes de Ayotzinapa ha gestado todo un movimiento. Todo pesa en el ámbito político y la Secretaría de Gobernación movió los hilos para desactivar la protesta social", opinó.
Dejó en claro que desde su punto de vista como opositores a estos procesos de evaluación, la suspensión es temporal y política, y pasadas las elecciones vendrá un "embate" contra los maestros con seis a 20 años de antigüedad.