“Los supervisores no saben cuál es nuestra situación, y nos han detenido ya varias unidades, pero ése no es problema. Ya estamos haciendo los trámites para sacarlas del corralón sin buscar una negociación con el director de Transportes”, declaró el líder de la Uclat.

Para liberar un vehículo público del corralón se debe pagar una multa de 27 mil pesos aproximadamente, según la Ley de Transportes. Sin embargo, Mata Alarcón aseguró que no pagará esa cantidad porque sus unidades no son “piratas”, cuentan con una suspensión que les fue otorgada cuando se ampararon ante un tribunal colegiado contra el resolutivo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que rechazó la regularización de los vehículos.

El líder transportista señaló a los líderes de agrupaciones de taxis de la zona conurbada de Cuernavaca como los responsables de que los supervisores de la Dirección de Transportes hayan detenido a sus unidades, pero aseguró que no le preocupa.

“Ellos son los que deben estar preocupados, porque el proceso de expedición de concesiones en el 2006 se hizo de manera irregular y podría reponerse. Los líderes están preocupados porque no están amparados”, insistió Víctor Mata Alarcón.

Víctor Lara Alarcón, dirigente de la Confederación de Radio Taxis; Román Rojas Almaraz, líder del Grupo Fama; Bulmaro González Arriaga, de la Coordinadora Estatal de Transporte, entre otros líderes, son los que están en contra de que los taxis de la Uclat operen, y exigieron al director de Transportes que iniciara los operativos contra el “pirataje”.

La inconformidad de los concesionarios es que los taxis de la Unión de la Clase Trabajadora compiten de manera desleal con las unidades concesionadas que pagan derechos e impuestos, a diferencia de un vehículo público irregular.