El Juzgado Quinto de Distrito en Morelos ordenó a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del gobierno del estado, garantizar el derecho de 119 transportistas de la Unión de Permisionarios de Autos de Alquiles y Choferes "Licenciado Eufemio Zapata", a participar en el proceso de regularización de taxis de la zona metropolitana del estado, que se llevó a cabo desde el 2014. 

La resolución fue emitida a finales de febrero de este año y a la fecha la SMyT no ha dado cumplimiento a la sentencia, pese a que además de estos juicios de amparo, están en proceso de resolución cerca de 30 litigios más, pero que fueron promovidos en contra del proceso de regularización por concesionarios de "rutas".

El viernes pasado, Roberto Cabañas Vázquez, presidente de la Unión "Licenciado Eufemio Zapata", dio a conocer que en próximos días exigirán su derecho a una concesión para sus taxis, ya que muchos de sus vehículos han operado sin permisos y al amparo de negociaciones con gobiernos anteriores.

Sin embargo, este amparo sólo protege a 119 transportistas y les garantiza su derecho a una concesión de taxi.

Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte, informó que este juicio no es el único que mantiene activo el proceso de regularización de taxis "pirata" que llevó a cabo el Poder Ejecutivo desde enero del 2014, pues aseguró que aún no se han resuelto amparos que promovieron ruteros en ese mismo año para que la expedición de concesiones no se llevara a cabo.

"Es mentira que el litigio por el proceso que impulsó Jorge Messeguer desde la Secretaría de Movilidad y Transporte ya haya terminado, aún sigue vivo y muchos estamos en espera de que se resuelva a nuestro favor y ahora sí habrá conflicto para el gobierno", afirmó el líder transportista.

Aseveró que el proceso que buscaba regularizar el transporte público en la zona conurbada de Cuernavaca estuvo viciado desde su inicio, y esa ha sido una de las razones por las que la Secretaría de Movilidad y Transporte se ha negado a expedir los títulos de concesión y las placas a los más de tres mil 500 beneficiarios, además del problema que existe desde el 2013 en el sistema informático de la dependencia estatal.