Cuautla, Morelos.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 48/2016 al gobernador del estado de Morelos, al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a los integrantes del Ayuntamiento de Cuautla por "la violación al derecho de acceso a la justicia en la modalidad de inadecuada procuración de justicia y la violación al derecho a la verdad", en el caso de las fosas de Tetelcingo.

Dicha recomendación, de fecha 30 de septiembre de 2016, se encuentra relacionada con la "irregular inhumación de 119 cadáveres en la comunidad de Tetelcingo", localizada en el municipio de Cuautla.

El documento fue dado a conocer por el organismo nacional en una conferencia de prensa este jueves y la recomendación de igual manera fue difundida a través de un comunicado y de sus cuentas oficiales de redes sociales.

La CNDH dirigió dos puntos recomendatorios al gobernador de Morelos, seis al representante de la FGE y tres al Ayuntamiento de Cuautla.

Al titular del Poder Ejecutivo le recomienda la reparación integral del daño que contemple atención médica y psicológica a familiares de cuatro víctimas, además de la coordinación con municipios para que en seis meses se detecten panteones irregulares.

De igual modo, al fiscal general del estado le recomienda ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a los derechos humanos, colaborar con la CNDH en la presentación de queja por las responsabilidades administrativas y/o los posibles delitos del personal involucrado. En el cuerpo de dicha recomendación hace referencia a 42 funcionarios que podrían tener responsabilidades de algún tipo.

Se recomienda también a la fiscalía, diseñar e impartir cursos de capacitación dirigidos a los agentes del Ministerio Público y peritos de la fiscalía, sobre identificación de cadáveres.

También se exhorta al fiscal que solicite a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas la inscripción y reparación del daño para familiares directos de cuatro personas, cuyos cadáveres fueron inhumados en el lugar.

A los integrantes del Ayuntamiento de Cuautla se les recomienda girar instrucciones para que en un plazo de seis meses, contado a partir de la aceptación de la recomendación y en coordinación con el gobierno del estado, se recabe la información sobre posibles sitios de inhumación o entierro irregular dentro del municipio, también, crear y aprobar un reglamento de panteones, verificar las concesiones que el municipio otorgue a los particulares para prestar este servicio público.

En la referida conferencia de prensa, el segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama López, dijo que hay violación de los derechos humanos de familiares de las 119 personas que fueron encontradas en dos fosas "irregulares" en Tetelcingo (además de las dos bolsas con restos humanos).

Se expone que se realizó la inhumación sin apego a los protocolos y sin que en la mayoría de los casos se realizaran acciones para saber las causas de muerte.

Destaca que a familiares de cuatro personas no se les entregaron los cuerpos y se inhumaron sin su consentimiento. Además detalla que en 20 casos no se tuvo constancia que determinara las causas del deceso o identificar plenamente a los fallecidos.

En 44 casos se advirtieron indicios de muertes violentas y la autoridad "fue omisa al no dar continuidad a la investigación" propiciando con ello la impunidad, ya que se debió identificar las circunstancias e identificar a los autores. Además, en 15 de las carpetas de investigación iniciadas no hay registro de necropsia a los cadáveres.

La CNDH de igual manera señala entre las irregularidades que en 63 carpetas no existe constancia de "cadáver no identificado" elaborada por el Ministerio Público dentro de las 72 horas como lo establece el protocolo; en 35 dicho documento fue elaborado fuera de tiempo.

Tampoco obra constancia de que el Ministerio Público estuvo presente en la diligencia para vigilar el control y registro de las carpetas de investigación de cadáveres.

También destaca que a lo largo de las indagatorias, en total ya van 21 cuerpos identificados por nombre, pero no han localizado a familiares.

Del total de los 119 cuerpos, sólo se habría identificado por su nombre 21 por lo que 98 estarían pendientes de identificación, pero cabe señalar que se subraya que esta tarea "será más compleja tomando en consideración el indebido manejo de los cuerpos y la falta de condiciones adecuadas en las que se llevó a cabo la inhumación en su primer momento, así como su exhumación una vez que se detectó la existencia de las fosas irregulares".

A pesar  de todo el montaje que se hizo durante la exhumación y que se realizó durante varios días,  la CNDH plantea que tampoco en esa diligencia se cumplió: "respecto de esta diligencia, es de mencionarse que la misma no contó con los implementos básicos para ello, como tomas de agua para la limpieza de cadáveres y de las prendas y objetos personales localizados en los cuerpos exhumados, tampoco  se contaba con los materiales necesarios al momento que se requirió analizar las trayectorias de proyectiles en los cuerpos a los que no se les había realizado la necropsia".

Califica como "reprochable" el manejo que se dio a los cadáveres, al haberlos metido todos en dos fosas tan reducidas: de 6 por 3 y 3.5 metros de profundidad, que está destinada para tres cuerpos, resultando un trato poco digno".

“Los restos mortales de todas las personas merecen ser tratados con respeto, y las circunstancias y condiciones de su fallecimiento deben ser determinadas por la autoridad, quien tiene la obligación de actuar para esclarecer los hechos cuando se presuma la existencia de un ilícito. Por otra parte, los familiares de una persona tienen derecho de conocer la verdad sobre la muerte de su ser querido, así como darle adecuada sepultura, conforme a sus creencias religiosas”, expresó Guadarrama López.

La CNDH señaló que este caso implica la necesidad de establecer protocolos y normas, conforme a estándares internacionales en el manejo de restos humanos.

Hizo notar que es urgente contar con un banco genético de datos, un registro nacional que permita esclarecer casos de desapariciones. Señaló que en la mayoría de las veces el hallazgo de fosas (como ocurrió en Tetelcingo) se debe al esfuerzo material de los familiares de las víctimas.