Con el voto de calidad de la magistrada presidenta Carmen Cuevas, aprueba Pleno del TSJ instaurar en junio el órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura.

Con el voto de calidad de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, fue aprobado el acuerdo por el cual -a más tardar- el 3 de junio deberá quedar instaurada la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Durante la sesión del Pleno del TSJ de ayer, Cuevas López presentó un acuerdo para establecer la Junta y para validar los actos realizados por la Comisión Transitoria, que fue creada para asumir temporalmente las funciones del extinto Consejo de la Judicatura.

El acuerdo estableció que “la omisión legislativa a la fecha es excesiva, ya que el legislador no ha realizado las reformas a la ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo a las funciones administrativas, de disciplina y vigilancia del Poder Judicial”.

Cuevas López y el grupo de magistrados han sostenido que para instalar la Junta, el Congreso debía hacer modificaciones legales con base en la reforma constitucional realizada.

Finalmente, con una votación de ocho a favor y ocho en contra del acuerdo con el voto de calidad de Cuevas López, fue aprobado el acuerdo por el que se determinó instaurar a más tardar el 3 de junio la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia.  

Según la ley, la Junta deberá ser integrada por el titular en turno del TSJ, un representante de los magistrados y otro de jueces, electos mediante una terna propuesta al Pleno por el magistrado presidente.

 

 

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Miércoles, 15 Mayo 2019 05:02

Someten a proceso a juez acusado de cohecho

En medio de un insólito sigilo, un juez y un oficial judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueron vinculados a proceso por los presuntos delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos en agravio de la sociedad.

Aunque la audiencia se desarrolló este lunes, fue hasta este martes, en el marco de la reunión del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, cuando la titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS), Adriana Pineda Fernández, leyó un comunicado en el que se dio a conocer la vinculación a proceso del juez del TSJ identificado con la siglas R.B.L., y el oficial judicial J.A.M.D.

Según el comunicado, “De acuerdo a los hechos, fue la noche del 25 de noviembre del año 2016, cuando un oficial judicial de iniciales J.A.M.D vía telefónica se comunicó con el Juez de Control de iniciales R.B.L., en donde a cambio de una cantidad de dinero, realizaría funciones inherentes a su cargo concediendo una ventaja indebida a una de las partes involucradas en un litigio”.

El juez responsable de la vinculación a proceso dictó prisión preventiva para el oficial judicial, no así para su homólogo, porque supuestamente no había argumentos para dictar tal medida cautelar.

Sin embargo, la escueta información de la UECS generó más dudas que certezas sobre el caso, debido a que el juez de control que estuvo a cargo de la audiencia ordenó a las partes mantener todo bajo estricto sigilo, apercibiendo a la representación social con imponer medidas de apremio en caso de ventilar públicamente información al respecto.

Incluso, decretó como privada la audiencia y ningún medio de comunicación tuvo acceso. De acuerdo con juristas consultados, fue un exceso la restricción impuesta por el juez de la causa a la representación social, pues existe jurisprudencia en la que se estableció que la secrecía total se aplica únicamente en casos de agresiones sexuales, para proteger a las víctimas.

Además, según especialistas, se violenta el principio publicidad del sistema de justicia adversarial, poniendo en entredicho y generando suspicacias de complicidad, pero será el agente del Ministerio Público quien deba de apelar estas restricciones en segunda instancia.

El antecedente del caso se remonta al 4 de abril, cuando el TSJ suspendió de sus funciones al juez Roberto “N”, por presuntos actos de corrupción graves, al ser acusado supuestamente de favorecer, a cambio de un beneficio económico, a un imputado implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores, en octubre de 2016.

Incluso, versiones no confirmadas indican que el juez estaría ya bajo la medida de prisión preventiva por un juicio penal relacionado con el delito de secuestro y, por ello, en la vinculación a proceso por cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos no se le impuso tal medida.

Pero la información contrasta, porque el oficial judicial que fue vinculado a proceso junto con el juez, ya se encontraba preso por su presunta implicación en el caso Tona; sin embargo, las especulaciones sobre el caso son producto del inaudito hermetismo del Poder Judicial.   

 

Más jueces en la mira

En la reunión del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, se le preguntó al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, si existen otros jueces bajo sospecha de actuar al margen de la ley o incurrir en corrupción. 

El encargado de la política interna respondió que “la corrupción no será permitida en ningún Poder del Estado, en ninguno de los órdenes ni niveles, vamos a ser implacables en la lucha contra la corrupción.

“Si hay otros jueces que están siendo motivo de investigación y cuando se tengan elementos suficientes para presentar las denuncias se harán y se actuará con todo el peso de la ley”. 

 

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Fallo de la Corte obliga a la suficiencia presupuestal para el pago de la prestación.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, informó que está cubierto el pago del 25 por ciento de los decretos de jubilación que forman parte del acuerdo emitido en el pasado 4 de marzo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó a los tres Poderes del estado disponer el presupuesto necesario para cubrir las pensiones en los términos emitidos en 116 sentencias de controversias constitucionales.

Dijo que el Poder Judicial recibe periódicamente las ministraciones para pagar las jubilaciones de trabajadores judiciales en retiro enlistados en bloques definidos en el acuerdo de la SCJN, lo cual es una garantía de que hay recursos disponibles para que puedan recibir sus pensiones.

“Ahorita llevaríamos como una 25% de avance, pero para los jubilados esto representa una garantía porque, al final del día, tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que establecer esa partida presupuestal, no solo para este año, sino para los subsecuentes años”, señaló.

Expresó que el TSJ, de su propio presupuesto, absorbía el monto de las jubilaciones, pero a partir del precedente legal de la SCJN en las controversias constitucionales, los Poderes Ejecutivo y Legislativo están obligados a etiquetar presupuesto para el pago de las jubilaciones.

Incluso, señaló que en la controversia constitucional que se promovió hace unos meses ante la Corte por el tema del presupuesto, se demandó que el Congreso tiene la obligación de etiquetar recursos adicionales exprofeso para las jubilaciones y no restarlo del presupuesto operativo del TSJ. 

 

 

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Sábado, 27 Abril 2019 05:07

TSJ exhibe a fiscalía anticorrupción

En un comunicado señala que no se aportaron elementos para demostrar la conducta delictiva de exfuncionarios.

Luego de que el martes la fiscalía anticorrupción tratara de responder a las críticas por la absolución de un exfuncionario estatal, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio a conocer que en el proceso citado, la fiscalía no aportó elementos que apoyarán su acusación, de allí que el juez de la causa haya decretado el no ejercicio de la acción penal. 

En el comunicado, el TSJ señala que “respecto de la información al auto de no vinculación a proceso de exfuncionarios  de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO),  de la  pasada administración, que participaron en presuntos actos de corrupción, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Morelos… durante la audiencia, la Fiscalía formuló imputación a los presuntos responsables y solicitó que se resolviera su situación jurídica “en ese momento”; en este sentido, el juzgador apreció que con los  antecedentes presentados por la Fiscalía no se aportaron elementos de prueba que llevaran a inferir que uno de los imputados conociera o realizara algún tipo de conducta delictiva que afectara el patrimonio del Estado”.

También sostiene que “sobre el proceso de los otros dos imputados, a quienes se les señaló por la conducta tipificada de peculado, sancionada en el artículo 279  fracción I del Código Penal vigente,  la Fiscalía no presentó una prueba que acreditara que los imputados hayan recibido el efecto numerario (dinero)”.

El comunicado finaliza con la afirmación de que  “El TSJ informa que la Fiscalía puede seguir su investigación o recurrir la que emitió el juez, el cual actuó con imparcialidad y conforme a los datos de prueba que fueron expresados en el presente asunto”.

 

 

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Un juzgado federal nuevamente declara la incompetencia de la Comisión Transitoria del TSJ para sancionar a jueces y funcionarios judiciales.

La instancia con las atribuciones legales es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual la magistrada presidenta se niega a instaurar.

Nuevamente un juzgado federal declaró la incompetencia de la Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para sancionar a los jueces y funcionarios judiciales, porque la instancia con las atribuciones legales es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, desde hace un año se niega a instaurar con el argumento de que el Congreso no realizó la modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

El Juzgado Segundo de Distrito concedió el amparo a la Juez Quinto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Martha Renata Flores Contreras, a quien la Comisión Transitoria en diciembre de 2018 le impuso una sanción económica de 10 unidades de medida y actualización (806 pesos) y ordenó anotarlo en su expediente en la Secretaría de la Contraloría.

La juzgadora recurrió la sanción y se le concedió la protección de la justicia federal, debido a que la Comisión Transitoria carece de facultades para iniciar procedimientos y aplicar sanciones a los funcionarios judiciales.

El Juzgado Segundo de Distrito, quien hace unas semanas concedió un amparo a la juez mixto, Xochiquetzalli Puebla Peralta, reiteró su criterio sobre la incompetencia de la Comisión Transitoria y la nulidad de las sanciones impuestas, pues si bien es cierto que el Congreso no realizó las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial – como se fijó en las reformas constitucionales en vigor desde hace un año- no existe impedimento para la instalación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que debe sustituir al extinto Consejo de la Judicatura.

“En efecto, aun cuando pudiera considerarse que una norma constitucional no puede ser invocada de manera directa si su texto requiere regulación posterior, ello no puede considerarse una razón válida para omitir aplicarla y desconocer la competencia de un órgano creado a nivel constitucional, pues del texto  del artículo 92 A de la Constitución Local, se advierte las directrices necesarias para instrumentar el funcionamiento de la referida Junta de Administración, ya que establece cómo se integrará, los criterios  que deben observarse para la elección de sus integrantes, la duración del cargo, la independencia de gestión y sus facultades.

“Además la disposición quinta transitoria  del decreto 2611 establece que a fin de evitar interpretaciones incorrectas del marco jurídico vigente, las menciones que en otros ordenamientos se hagan del Consejo de la Judicatura y de los Consejeros del mismo, se entenderán referidas a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina  del Poder Judicial  o a sus integrantes”.

El 4 de abril de 2018 entró en vigor la reforma constitución por la cual se creó la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, pero la magistrada presidenta del TSJ, María de Carmen Cuevas López, mantiene hasta hoy en funcionamiento a la Comisión Transitoria, integrada por ella y los magistrados Rubén Jasso Díaz y Miguel Ángel Falcón.

El argumento de Cuevas López y un grupo de magistrados afines es que debe operar dicha comisión hasta en tanto el Congreso no realice las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder instaurar la junta. En el caso del primer amparo, la titular del TSJ anunció hace días que recurriría la resolución ante un tribunal colegiado.

Sin embargo, un grupo de magistrados disidentes han insistido en que es ilegal la operación de la Comisión Transitoria y han llamado reiteradamente a instalar la Junta, la cual debe ser integrada por el titular el turno del TSJ, así como un magistrado y un juez, los cuales serán electos por el Pleno del tribunal a partir de una terna que proponga el presidente del TSJ.

 

 

 

 

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En la actualidad, el juez de control está suspendido de sus funciones.

Está señalado por presuntamente favorecer a un implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores.   

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) formulará imputación contra el juez de control Roberto “N”, quien presuntamente incurrió en actos graves de corrupción e irregularidades en el ejercicio de su actividad jurisdiccional.

La titular de la UESC, Adriana Pineda Fernández, informó que en la primera semana de mayo la unidad antisecuestro pretende formular la imputación al funcionario judicial, quien se encuentra suspendido de sus funciones desde el 3 de abril por la Comisión Transitoria del Tribunal Superior  Justicia (TSJ) y  simultáneamente bajo investigación administrativa como penal.

Confirmó que fue la UECS quien inicio la queja ante el TSJ contra el juzgador, quien salió a relucir en una investigación  de un caso de secuestro, pero por secrecía la investigación rechazó revelar detalles  de la implicación del funcionario judicial y sólo acotó que se presume que incurrió en corrupción y delitos contra la administración de justicia.

“Resultó de una investigación de un caso de secuestro y cuando hay una situación conexa a nuestra investigación, nosotros continuamos con ese procesamiento, es un tema evidentemente de corrupción, lo seguimos porque tiene relación o derivó de una investigación de un caso de secuestro, no es por secuestro (la investigación al juez), sino por otros delitos que atentan contra la administración de justicia y en la primera semana de mayo tendremos ya la formulación de imputación, pues para presentar nosotros ya el caso formalmente con el juez”, explicó

A pregunta expresa sobre la gravedad de las conductas que le serán imputadas al impartidor de justicia, señaló que “desde el punto de vista como fiscalía, nosotros consideramos que es grave con relación con lo que ocurre con las funciones que realiza un servidor público, para nosotros no es una falta, es un hecho delictivo que evidentemente está sancionado por la legislación penal y nosotros vamos a formular la imputación”.

Aunque las autoridades mantienen sigilo sobre los detalles del caso, trascendió que presuntamente el juez habría favorecido o apoyado, a cambio de un beneficio económico, a un imputado implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores, en octubre de 2016.

 

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La transición de las facultades de las juntas laborales locales al Poder Judicial costará recursos que Morelos no tiene, dice el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Juan Juárez Rivas.

Es necesario que el gobierno del estado comience a establecer contactos con el gremio de abogados laboralistas para ir preparando el camino hacia la transferencia de las juntas locales en la materia hacia el Poder Judicial, indicó el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Juan Juárez Rivas.

Sostuvo que “nosotros continuamos insistiendo en que el nuevo sistema de justicia adversarial ha sido un verdadero fracaso; más aun, todavía no acaba  de concluirse ese proceso y nos encontramos en medio de dos sistemas que no resuelven las demandas de justicia y tenemos elementos para advertir que lo mismo pasará en materia laboral”.

Recordó que “hace unas semanas, asistimos a una reunión con el titular nacional de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), y el señor decía que para poder iniciar el nuevo sistema a través de los diversos Tribunales Superiores de Justicia se requerirá de un capital mínimo de 380 millones de pesos por estado”.

Y destacó que “¿de dónde se va a sacar, en el caso de nuestra entidad? porque a nivel local, el TSJ enfrenta de sí, serios problemas presupuestales para el desempeño de sus actuales responsabilidades, pero pronto deberá hacerse cargo de la justicia laboral”.

Incluso, calculó que el presupuesto requerido pudiera alcanzar los 500 millones de pesos, ya que se tiene que construir  un espacio como Centro de Conciliación que deberá ser el corazón y espíritu del nuevo sistema.

Pero hizo hincapié en que el gobierno estatal debe iniciar un acercamiento con los abogados laboralistas a fin de empujar un trabajo conjunto y buscar tomar decisiones de manera colegiada si es que se desea comenzar con el pie derecho.

“Lo que tenemos entendido –abundó- es que en el estado no hay mucho presupuesto del cual echar mano, habría que ver si la Federación está dispuesta a hacer algunas aportaciones a las entidades federativas, lo cual sería lo más lógico si se desea acelerar el proceso, pero aún así, la transición llevaría dos o tres años, no es cosa de semanas o meses”.

Y abundó en el sentido de que “lo que a nosotros nos preocupa es que la titular del Tribunal Superior  de Justicia no tiene ni idea de lo que es la justicia laboral y será la encargada de darle forma al nuevo modelo; ojalá se deje ayudar”.

 

 

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En mayo, los servidores públicos del Poder Judicial deberán de presentar su declaración patrimonial, conforme lo prevé la ley.

El director de la Contraloría Interna del Poder Judicial, Isidro Zambrano Vargas, pidió a los servidores públicos de la institución presentar por escrito en tiempo y forma su declaración patrimonial actualizada.

Detalló que entre los sujetos obligados a cumplir con este requisito de ley, están los secretarios de acuerdo, directores de área y departamento, jueces y magistrados.

Explicó que la declaración patrimonial anual  tiene  el propósito de transparentar sus ingresos y, en esta ocasión,  los funcionarios judiciales deberán presentarla de forma escrita.
Informó que en todo el mes de mayo, personal de la Contraloría interna instalará módulos en las sedes de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y  Jojutla, para recibir las declaraciones patrimoniales y resolver dudas de los trabajadores del TSJ.


“Tanto la Ley de Responsabilidades Administrativas, como la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, refieren que todos los servidores públicos debemos ser transparentes con los ingresos que percibimos y el tribunal cada año cumple con esta obligación”, dijo.
El director de la Contraloría Interna del Poder Judicial, invitó a los trabajadores para que acudan a los módulos o consultar la ligahttp://tsjmorelos2.gob.mx/ 2016/declaracion_patrimonial/.

 

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El consejero jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, afirmó que será la Suprema Corte de Justicia (SCJN) la que califique si los tres Poderes del Estado acatan o no correctamente el acuerdo emitido el pasado 4 de marzo para cumplir con las sentencias de 116 controversias constitucionales respecto a etiquetar y suministrar los recursos necesarios para el pago gradual de las pensiones de los trabajadores jubilados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Precisó que hoy vence el plazo fijado por la SCJN al Poder Ejecutivo para cumplir con el suministro de recursos al TSJ para el pago del primero de 11 bloques de controversias constitucionales, en las que se ordenó disponer de presupuesto para pagar las pensiones.

Indicó que se comunicará a la Corte el cumplimiento requerido conforme se suministren los recursos del fondo de 80 millones de pesos etiquetado por el Congreso para pagar a los jubilados del Poder Judicial, con base en el orden establecido por el Alto Tribunal.

Cuestionado si podría la SCJN hacer nuevos requerimientos en vista de que los 80 millones de pesos fueron tomados del mismo presupuesto del Poder Judicial y no se etiquetó un presupuesto específico para el pago de pensiones de los trabajadores judiciales en retiro, señaló que tocará al máximo tribunal calificar el cumplimiento de las sentencias en controversia constitucional y del acuerdo del 4 de marzo.

“Somos tres los involucrados, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Al Ejecutivo únicamente le corresponde vigilar y determinar que se transfieran los recursos. La obligación que se le impuso al Legislativo es que etiquetara los recursos. Si la Corte determina que no están bien etiquetados esos recursos, tendrá que venir un pronunciamiento, y si considera que el Ejecutivo no está transfiriendo los recursos suficientes, pues también puede haber un requerimiento, vamos a esperar como se pronuncia la Corte”, manifestó. 

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El Poder Judicial del Estado de Morelos, aclara que las controversias constitucionales relativas a los trabajadores jubilados del Tribunal Superior de Justicia derivan de la falta de conceptos económicos específicos para el rubro de jubilaciones en el proceso legislativo, ello trae por consecuencia una vulnerabilidad presupuestal de todo el órgano jurisdiccional, que afectaría tanto al Tribunal como a los propios compañeros jubilados.

Es así, que la defensa del Tribunal Superior de Justicia, buscó proteger el presupuesto y ha presentado más de cien controversias resueltas por   la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien favoreció otorgar por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, las partidas correspondientes, en un marco de coordinación y respeto institucional.

Así también el Tribunal aclara que el área de visitaduría tiene facultades de responsabilidad, es un órgano de la Comisión Temporal, tiene por objetivo la disciplina para el buen desempeño de la impartición de justicia. Existen quejas iniciadas contra diversos servidores, las cuales serán atendidas con fundamento en el procedimiento administrativo correspondiente. Al no haber fuente real de la nota aclarada aquí, que señale el hecho directo, se considera especulación, y la justicia trabaja con denuncias reales y conocidas.

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