Padres de familia rechazan la labor del directivo.

El director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, confirmó que evaluarán la permanencia del director Carlos Sierra en la escuela primaria “Julio Rodas García”, en Temixco, luego de la protesta que realizaron padres de familia para exigir su destitución, al argumentar malos tratos hacia los alumnos.

La mañana del martes, un grupo de padres de familia cerró las puertas del plantel educativo para demandar la intervención de las autoridades, al acusar que sus hijos no reciben trato digno porque los maestros son estrictos y el director Carlos Sierra es extremo con ciertas medidas, como la revisión de uñas y del cabello, así como la limpieza del uniforme, lo cual causa inconformidad.

En respuesta, el director del IEBEM señaló que hubo un mal entendido entre los padres de familia y el director, y se les dio atención por medio del director de Educación Primaria, por lo que hizo un llamado a los paterfamilias a ser conscientes del reto que significa elevar la calidad educativa de los niños.

“Como autoridades le entramos con gusto, pero les decimos a los padres que sin su ayuda no vamos a poder; necesitamos del acompañamiento de ellos, por eso el acuerdo fue hacer un esfuerzo y reanudar las clases hoy”, expresó el director del IEBEM.

El lunes los padres de familia acudieron al Instituto de la Educación para solicitar información sobre la presunta intención de las autoridades de remover el plantel educativo, que se encuentra en la colonia Lauro Ortega, y al parecer se busca instalarlo en la zona conocida como Punta Verde.

 

 

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El tema será la construcción de un nuevo palacio municipal.

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) prepara la primer consulta ciudadana que se llevará a cabo en Morelos.
Dicho mecanismo se aplicará en Temixco y fue solicitado por la alcaldesa Jazmín Solano López para conocer cuál es la postura de sus pobladores en torno a la construcción de un nuevo palacio municipal.
La consejera presidenta del Impepac, Ana Isabel León Trueba, informó que ya sostuvo reuniones previas con la presidenta de Temixco para preparar el desarrollo de la consulta ciudadana.
Refirió que el mecanismo de participación  se podría organizar para noviembre y se llevaría a cabo en base a lo que marca la ley estatal en la materia, a pesar que ya se prepara una nueva legislación.
"Tenemos una ley vigente y esta permite el desarrollo de dicho mecanismo. Sólo esperamos a que el ayuntamiento nos aporte toda la información para lo que sería la primer consulta aplicada en Morelos", refirió.
La consejera presidenta dijo que los detalles del proyecto de construcción los dará a conocer la alcaldesa una vez que se tenga todo listo para el desarrollo del ejercicio de participación.
León Trueba apuntó que esperan la respuesta del Poder Ejecutivo sobre la solicitud de aumento presupuestal para este año, pues el desarrollo de la consulta generará un gasto.
De igual forma, señaló que las organizaciones civiles que buscan conformarse en partidos políticos aún continúan con el desarrollo de asambleas y dichos ejercicios también generan gastos.
Con respecto al presupuesto para el 2020, mencionó que próximamente buscará reunirse con los diputados locales para que contemplen su propuesta, que será mucho mayor a la de este año, aunque no quiso señalar montos.

 

 

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En el 2015, la población total de Temixco ascendió a 116,509 habitantes, de los cuales 54,428 personas (46.7%) viven en pobreza moderada y 13,411 personas (11.5%) se encuentran en condiciones de pobreza extrema. Si se suman las categorías de pobreza moderada y pobreza extrema, se revela que 67,839 personas del municipio de Temixco viven en condiciones de pobreza, es decir el 58.2% de su población se encuentra inmersa en condiciones de falta de acceso a oportunidades sociales que le permitan mejorar su calidad de vida.

Ante este escenario de desigualdad social, se hace necesario que los actores del sector público y privado desarrollen la capacidad de conformar alianzas estratégicas que permitan aprovechar las fortalezas propias del municipio de Temixco para convertirlas en oportunidades de desarrollo para la gente.

En esta ruta, se hace necesario pensar de manera creativa y buscar alternativas de desarrollo económico para Temixco.

Esto implica realizar un ejercicio que permita revalorar las fortalezas que tiene Temixco y convertirlas en oportunidades, por lo que resulta importante identificar a empresas nacionales o extranjeras interesadas en invertir en Temixco, escuchar sus propuestas y en dado caso instalar mesas de acuerdos cuya finalidad central sea el de abrir oportunidades de desarrollo para las familias de Temixco.

En este contexto de búsqueda de alternativas para Temixco vale la pena conocer la propuesta de la empresa Esperanza Silver de México para impulsar una mina de oro en la comunidad de Tetlama, Temixco; esta propuesta tiene como una de sus principales características el compromiso social y el incorporar prácticas de desarrollo sustentable en sus procesos.

Quizás, esta sea la oportunidad para hacer la sinergia que nos permita abrir oportunidades de desarrollo para la gente.

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La alcaldesa de Temixco anuncia que la empresa intentará volver a operar en la zona aledaña a la zona arqueológica de Xochicalco; pretende extraer oro y plata.

Después de seis años, la empresa "Esperanza Silver de México" pretende reactivar el proyecto minero para explotar el cerro de El Jumil, ubicado en Temixco, afirmó la alcaldesa de ese municipio, Jazmín Solano López. 
La presidenta municipal informó que desde hace un mes la empresa de origen canadiense presentó ante su oficina el proyecto de explotación minera a cielo abierto, con el fin de extraer oro y plata en un predio de más de 15 mil hectáreas, que se ubican muy cerca de la zona arqueológica de Xochicalco, patrimonio de la humanidad. 
No obstante, refirió que hasta el momento no se ha reunido con los representantes de Esperanza Silver México, quienes han solicitado una audiencia para presentar la propuesta de manera directa. 
Fue en el 2013 cuando la minera impulsó dicho proyecto y, aunque intentó ofrecer a la población de Temixco "apoyos sociales" a cambio de su aprobación, finalmente tuvo que salir de Morelos ante la oposición que se conformó en torno al Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, que obligó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a no otorgar los permisos que faltaban para la explotación de minerales. 
La presidenta municipal afirmó que si Esperanza Silver pretende regresar a Morelos, la determinación final la tomará la población, pues dijo "esto es un asunto político y social”.

 

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El fiscal general ratifica que la institución a su cargo admite la recomendación emitida por la CNDH para la investigación de la masacre ejecutada por policías de la CES contra una familia en noviembre de 2017.

En un primer momento, la indagatoria se focaliza en los autores materiales de los hechos, dice el titular de la FGE.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, descartó por el momento llamar a declarar ante el Ministerio Público a su antecesor, Javier Pérez Durón, y al extitular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Alberto Capella Ibarra, porque no hay indicios que los impliquen en la investigación por la ejecución extrajudicial de una familia en el municipio de Temixco, y aseguró que las indagatorias se focalizarán primero en determinar quiénes y con qué armas se perpetró la masacre.

Expresó la aceptación total de la recomendación 21VG/2019, emitida hace unos días por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se confirmó que elementos de la CES no sólo perpetraron una “ejecución arbitraria” de seis miembros de una familia en el municipio de Temixco la madrugada del 30 de noviembre de 2017, sino que sembraron y alteraron evidencias para intentar inculpar a las víctimas.

Sostuvo que hasta ahora no hay indicios que vinculen a los ex titulares de la CES y la FGE en el multihomicidio y la serie de irregularidades documentadas por la CNDH, y sólo si en el transcurso de la investigaciones surge algún elementos jurídicos, serán llamados a declarar sobre el caso.

“Hasta ahorita nada más tenemos los indicios que implican a los policías que materialmente intervinieron en el hecho, pero en el caso de que la investigación arroje que sus mandos tienen responsabilidad vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, trátese de quien se trate, incluido el comisionado, (y el ex fiscal estatal) Javier Pérez Durón también, si es que jurídicamente ellos tienen alguna responsabilidad los vamos a citar en la medida de que sea fundado y motivado, no vamos a caer nunca en tema político ni de golpeteo político, no nos vamos a prestar a eso pero, sí vamos a hacer una investigación a fondo en lo que falta y a quien corresponda la responsabilidad, se la vamos a fincar.

“Entonces tengan ustedes de la certeza de que no va (a) haber impunidad en ningún caso, pero en este momento soy muy claro: no tenemos razones para definir ni para decir que vamos a citar  a los anteriores cabezas de estas instituciones, hasta ahorita no estamos en ese punto.

“Ahorita estamos trabajando con los elementos que intervinieron materialmente en los hechos, porque ellos no han referido que hayan recibido una orden superior. Entonces, mientras no tengamos ese dato, no podemos decir que vamos a proceder a la investigación en relación con los mandos que tenían a su cargo las instituciones en la administración pasada”.

Sobre las armas entregadas por la CES a la FGE que no coinciden con las usadas en la ejecución de la familia, el fiscal explicó que eso es “la parte fina de esta investigación, es donde tenemos el problema”, ya que las pruebas periciales efectivamente comprueban que las armas entregadas por la comisión a la fiscalía no corresponde a los indicios balísticos localizados en la escena del crimen.

De acuerdo con la investigación que dio origen a la recomendación de la CNDH, elementos de la CES no sólo perpetraron una “ejecución arbitraria” de seis miembros de una familia en el municipio de Temixco la madrugada del 30 de noviembre de 2017, sino que sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas.

El organismo nacional sostuvo que fueron los elementos de la CES quienes la madruga del 30 de noviembre de 2017 entraron con violencia a la casa que habitaba José Valdez Chapa y su familia en la calle Francisco I. Madero de la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco, y echó abajo la versión oficial del “fuego cruzado” y que una de las víctimas disparó contra los policías desde el baño se reguardaron.

Además, el análisis químico aplicado a la vestimenta de las víctimas reveló que, al menos de una de ellas, recibió un disparo a quemarropa;  y que en la zona del baño, donde se resguardaron las cuatro mujeres, la bebé y el niño asesinados, por lo menos se utilizaron cuatro armas de fuego calibre nueve milímetros y ninguna correspondió a la supuesta arma encontrada a un costado de una de las mujeres acribilladas, lo que descartó la versión de que haya atacado a los policías.

Al analizar las versiones, la CNDH concluyó que no existió concordancia entre lo declarado por los agentes policiales con lo analizado en el lugar de los hechos; se corroboró que las puertas de la casa fueron abiertas con violencia, al encontrar “huellas de violencia mecánica y destrucción de cerraduras”; por los daños producidos por proyectiles por arma de fuego, así como el resultado de los indicios balísticos localizados en el interior y exterior del domicilio, no existen elementos que permitan establecer que se haya producido “fuego cruzado” entre las víctimas y los elementos policiales”; los análisis químicos aplicados a las víctimas descartaron que hayan accionado armas de fuego y se corroboró que en el baño, donde se resguardaron del ataque policíaco, las víctimas no podían ver a los policías y mucho menos tenían espacio y ángulo de tiro.

 

Necesaria, la compra de vehículos: FGE

En otro tema, el fiscal estatal detalló que la institución adquirirá 40 autos compactos y 40 camionetas para la movilidad del personal administrativo y operativo, lo que permitirá mejorar el servicio a la ciudadanía, ejercer adecuadamente el presupuesto y evitar subejercicios.

Indicó que no está prevista la compra de unidades de lujo, salvo algunas camionetas blindadas que serán asignadas a las tareas o personal que requiera medidas de seguridad.

Por el momento, dijo, se realizan las proyecciones financieras y definen los procesos de adquisición de las unidades que son necesarias, ya que la mayor parte del parque vehicular de la fiscalía es obsoleto.

Respecto a las investigaciones sobre el atentado a la diputada, Erika García Zaragoza, aseguró que la principal línea de investigación se remite a un asunto personal de la legisladora, pero se negó a dar detalles.

 

 

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Alberto Capella se exonera; al menos cuatro policías que participaron en los hechos siguen en activo en la CES.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) recopila toda la información que obra en su archivos sobre el operativo de la madrugada 30 de noviembre de 2017 en el que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una familia fue ejecutada arbitrariamente por elementos policíacos adscritos a la CES, que entonces dirigía Alberto Capella Ibarra, quien a través de su cuenta de tuiter se desmarcó de cualquier responsabilidad sobre el  caso.

Tras la recomendación 21VG/2019 emitida por el organismo nacional por violaciones graves a derechos humanos, el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros,  informó que dio la instrucción a la Dirección de Asuntos Internos para recopilar toda la información del caso y, en la reunión de ayer con el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, se comprometió a entregarle toda la información que sea requerida para la debida integración de las capetas de investigación, como lo requirió la CNDH.  

“No reabrimos ningún caso, únicamente nos enteramos de lo que hay en expedientes. Ahora cambia la cosa, porque la CNDH está dando una recomendación para que intervenga asuntos internos de la Comisión Estatal de Seguridad.

“El día de ayer se le ordenó por escrito a la directora de Asuntos Internos, que empiece a hacer la investigación. Hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, entonces vamos a tener lista la investigación para cuando el fiscal lo requiera”, afirmó.

Confirmó que al menos cuatro policías que participaron en ese operativo siguen en activo en la CES, uno dejó la Policía y otros más fueron a colaborar con Alberto Capella Ibarra, actual secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.

A través de su cuenta de tuiter @kpya, Capella Ibarra reiteró su aversión hacia el gobernador de Morelos y afirmó que “el apellido de mis hijos lo voy a defender hasta mi último suspiro”.

Sostuvo que “ante los lamentables hechos de Temixco fui yo el 30/11/17 quien públicamente solicitó la intervención de la CNDH para darle transparencia a la investigación” y “en todo momento como obra en el exp (sic) de la CNDH presentamos los informes y la información que fue solicitada a la CES en varias ocasiones. Todos los funcionarios estamos sujetos a la responsabilidad de nuestros actos. En mi caso actúe dentro de la ley y en base a mi criterio”.

 

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El colmo de la masacre de Temixco, donde murieron dos menores de edad, fue que la Fiscalía General de Justicia que encabezaba Javier Pérez Durón (sobrino de Graco Ramírez) puso en calidad de víctimas a los policías que realizaron el operativo y aplicó todo el peso de la ley a los familiares de los hoy occisos, acusados de atentar contra la vida de los servidores públicos. Cinco hombres, una mujer y un adolescente fueron detenidos, pero a la fecha todos están libres.

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Se condicionó a gasolinera a restitución arbórea: Solano López.

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Tiene como finalidad propiciar un espacio de reflexión y análisis en torno al trabajo social y su importancia en el ámbito profesional.

La Facultad de Estudios Sociales de Temixco (FEST) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) será sede el primer Congreso Nacional de Trabajo Social, dirigido a trabajadores sociales, estudiantes y académicos y que reunirá a destacados especialistas en el área.

De acuerdo con la convocatoria, el congreso tiene como finalidad propiciar un espacio de reflexión y análisis en torno al trabajo social y su importancia en el ámbito profesional, y que a su vez se muestre a la sociedad la urgencia de la intervención de estos profesionistas en los diferentes ámbitos sociales.

Esta actividad se realizará los días 19 y 20 de septiembre en las instalaciones del auditorio Emiliano Zapata Salazar, campus Chamilpa de la UAEM, actividad que contempla conversatorios, conferencias magistrales, paneles de análisis y discusión, así como distintas actividades culturales.

Para esta primera edición se espera la participación de destacados especialistas de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM y de la FEST, quienes abordarán temas como perspectivas del trabajo social, la intervención en el ámbito jurídico, investigación e intervención, entre otros.

 

 

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Un individuo fue arrestado en la colonia Lomas de Guadalupe de Temixco; la CES aseguró que tenía una pistola de calibre nueve milímetros.

Temixco.- Debido a que habría realizado disparos en la calle, un hombre fue detenido por agentes de la Policía Morelos en la colonia Lomas de Guadalupe de este municipio, la madrugada del lunes.

Presuntamente los uniformados le decomisaron una pistola de calibre nueve milímetros y seis cartuchos útiles a esta persona.

Con base en la versión difundida por la Comisión Estatal de Seguridad (CES), vecinos solicitaron el apoyo de una patrulla, ya que acababan de oír algunos balazos.

Alrededor de las 03:45 horas, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez los policías vieron a un individuo que caminaba por la banqueta y que supuestamente llevaba una pistola en una mano.

A decir de los uniformados, el hombre arrojó el arma de fuego al piso cuando se percató de su presencia.

En seguida sometieron a quien dijo llamarse Miguel “N”, de 45 años de edad, el cual no tenía la documentación para portar el arma.
por último, el individuo fue arrestado y puesto bajo la responsabilidad del Ministerio Público.

 

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