El ex funcionario denunció además, la falta de respuesta por parte del ayuntamiento de Jojutla a un oficio que entregó el pasado 11 de febrero, en el que solicita información respecto a permisos y cambios de uso de suelo en dicha unidad.

Esto, recordó, derivado de que el mes pasado, en una radiodifusora local se transmitieron unos spots donde invitaban a los ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata a que recogieran sus permisos de construcción, y esto tiene que ver con el problema que existe desde hace varios años entre vecinos de este complejo habitacional y los ex obreros, debido a que donde se pretende construir, está delimitado como zona de áreas verdes y comunes y no para desarrollo de más casas.

Bajo este contexto, Ríos González señaló que luego de escuchar estos spots, solicitó al ayuntamiento información sobre el estudio de impacto ambiental en la Unidad Morelos para verificar si los ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata (IEZ) que aparentemente tienen derecho a un terreno, pueden construir en esas áreas; si ya fue autorizado, mediante cabildo, el cambio de uso de suelo; y si los ex trabajadores del IEZ ya cuentan con los permisos para construir, porque “antes de dar permisos para que construyan, se requiere este estudio y el cambio de uso de suelo”, advirtió el ex ayudante de la Unidad Morelos.

“El miércoles fui a solicitar una reunión con la síndico para que me diera respuesta del oficio, y la sorpresa fue que la síndico no había recibido el documento que fue entregado, recibido, sellado y firmado a Cristina (Retiguín) con copia al presidente y a la síndico. Por lo que me dio cita para este jueves, donde me comentó que aunque no tiene el documento, me informó que no hay ningún cabildo que se haya realizado para autorizar el cambio de uso de suelo y que esta situación debe atenderse”, detalló Francisco Ríos.

Asimismo advirtió que la síndico, Alejandra Rodríguez Salazar, comentó que de manera indebida Marco Antonio Tapia, titular de Fraccionamientos del ayuntamiento, “está dando permisos sin que haya autorización del cabildo, y sin que se haya aprobado el cambio de uso de suelo. Resaltando además que toda esta situación rebasa a la autoridad municipal porque el estudio de impacto ambiental lo tiene que promover el gobierno del estado, sin embargo, el gobierno no ha podido hacerlo porque cuesta un millón de pesos y sugiere que sea el ayuntamiento quien pague ese dinero y obviamente no está en condiciones de que se haga, y yo como ciudadano me opondría para que se gaste ese dinero”.

Adicional a esta situación, comentó que en una visita que realizó Rodríguez Salazar a la Unidad Habitacional, constató “el dramático problema que padece la unidad en cuanto a drenajes y eso implica contaminación en el suelo”, por eso considera que es el gobierno del estado quien tiene que intervenir en esta situación.

Por último Ríos González demandó al edil, que investigue porqué Cristina Retiguín (quien es su hija y trabaja en el ayuntamiento), no entregó el oficio que ella misma recibió.