Como era de esperarse, tras la confirmación de la detención y consignación ante el juez quinto militar adscrito a la I Región Militar, de dos oficiales subalternos, de apellidos Aguilar Guerrero y Orizaga Guerra, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violencia contra las personas, causando homicidio calificado en contra Jethro Ramsés Sánchez Santana y el de tortura en contra del ciudadano Horacio Hernández Demesa, bajo la causa penal 331/2011, actualmente encarcelados en el Campo Militar Número Uno y en espera de que el juez determine libertad o auto de formal prisión, lo cual se sabrá este domingo 10 de julio. El abogado defensor, Enrique Paredes Sotelo, ha advertido que sus clientes son inocentes.

Trascendió el nombre del tercer militar involucrado en estos hechos del 1 de mayo, se trata de Marco Antonio Legorreta Álvarez, primero se dijo detenido pero hasta el momento nadie sabe nada de su paradero. Para este tiempo se advierte que es prófugo y que probablemente se trata del autor material del crimen.

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que hizo contacto con los familiares del joven Jethro a fin de prestar la ayuda necesaria. Sin embargo hasta el momento la rumorología ha ganado espacios ante el desconocimiento de lo que esa noche sucedió, después de haber sido entregado y transportado en vehículos militares el par de jóvenes; de su ubicación nada se sabe, hasta el momento todo ha sido gran dolor para la familia. En este mismo momento, desde la tarde del martes reciente, un cadáver hallado en Atlixco, Puebla, es analizado para determinar su identidad.

Los familiares de Jethro, acompañados del abogado Cipriano Sotelo, acudieron la tarde de ayer al Campo Militar Número 1 para el reconocimiento de ese cadáver.

Antes, la titular de la Comisión de los Derechos Humanos de Morelos, Lucero Benítez, tal vez con información incorrecta, se aventuró al asegurar que el cadáver de una persona de sexo masculino, encontrado en la barranca “La Gachupina” de la colonia Chapultepec en Cuernavaca, correspondía a Jethro Ramsés. La declaración fue incorrecta pero es parte de la falta de información y del ánimo de muchos por solidarizarse con la familia.

Este lamentable caso revive el debate sobre la existencia del fuero militar contemplado en el artículo 13 de la Constitución mexicana, reglamentado en el Código de Justicia Militar en su numeral 57.

El compañero Arnaldo Córdova escribe: “Los militares mexicanos y, entre ellos, sus muy limitados juristas, han impuesto la idea, absolutamente contraria a la justicia, de que cualquier acción delictiva que se comete estando en servicio activo es una falta a la disciplina militar, trátese de lo que se define como delitos estrictamente militares, como mostrar cobardía ante el enemigo o desobediencia al mando o, también, de ilícitos como el homicidio, el robo, la violación y todo lo demás, con lo que se excluye a los militares de la acción del juez natural y, encima, se violan los derechos humanos de los propios militares”.

Es fundamental –concluye Manuel González Oropeza su estudio sobre La Injusticia en las Fuerzas Armadas- que estos tribunales sean reducidos a su objetivo fundamental que es garantizar la disciplina y la función militar, cuidando siempre del respeto a las libertades que los militares, como todo ciudadano, tienen. La solución ideal sería la absorción de tribunales militares en el Poder Judicial Federal y la reducción a consejos de guerra en el caso de una guerra o una situación formalmente declarada de emergencia. Los delitos deben ser encausados por tribunales ordinarios como todos los servidores públicos y demás habitantes del país están sometidos; todo ello para respetar el ideal de la igualdad ante la ley, base del liberalismo mexicano.

En cumplimiento de la sentencia del caso Rosendo Radilla (…el 25 de agosto de 1974, detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo y quien fungió como presidente municipal. Treinta y cuatro años después su paradero sigue siendo desconocido) que obliga a México a acotar la jurisdicción militar en cuando a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares, esto es a la comisión de conductas ilícitas que atentan contra la disciplina militar, en octubre de 2010 el presidente Felipe Calderón presentó al Senado su iniciativa para modificar el fuero militar, que contempla adecuar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para excluir de la jurisdicción militar los delitos de desaparición forzada de personas, la tortura y la violación.

El Estado mexicano, detalló el presidente Calderón, estará armonizando su legislación interna con lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Ese mismo mes, Amnistía Internacional consideró que la iniciativa del Ejecutivo sólo contempla la exclusión de algunas violaciones de derechos humanos de la justicia militar y no cambia la forma en que las alegaciones de abusos se investigan. La organización instó a los legisladores alcanzar consenso en una modificación que reúna los elementos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Sólo así el Congreso demostrará su compromiso para garantizar que no exista más impunidad en casos de abusos graves a los derechos y México cumplirá sus obligaciones en materia de derechos humanos”, consignó en su comunicado.

Por lo pronto el caso Ramsés se suma al de Radilla y otros muchos que por miedo, desconocimiento, amenazas, son desconocidos.

A Radilla y a Ramsés sus familias siempre los llorarán.