Lo grave del asunto es que del interior del automóvil, con placas diplomáticas, nadie accionó un arma ni intentó generar una conducta de ataque; su gran error fue no haberse detenido e identificado. El blindaje de alto nivel salvó la vida de los tripulantes: dos elementos de las fuerzas federales norteamericanas y un marino mexicano.
Para fortuna de todos, los hechos quedaron en susto y en algunas heridas; no hay víctimas mortales.
La información ha transitado y se habla de una supuesta investigación de un funcionario secuestrado; otras versiones señalaron que los tripulantes de la camioneta se dirigían a una estación de la Armada en pleno bosque, rumbo a Xalatlaco, cuando se vieron en medio de un operativo de la Policía Federal.
Lo único que ha quedado claro tras los acontecimientos es la falta de coordinación, la desconfianza entre corporaciones y la vulnerabilidad que la sociedad común y corriente padece ante la reacción de quienes se supone son profesionales en el manejo de armas y control de emergencias.
La reacción de un civil, ante la orden de alto, es de esperarse que se cumpla, sin embargo, ante el miedo que con fundamento existe entre la sociedad, puede darse el caso de que la reacción sea de alejarse de inmediato. Un automóvil como cualquiera de los que conducimos usted y yo, habría sido fácilmente atravesado por las balas de alto calibre. La historia sería de una gran tragedia, claro, sin que existiera embajada ni autoridad que defendiera a las familias lastimadas.
Los familiares de los 12 policías federales detenidos impidieron la salida y el traslado de los detenidos al Centro Nacional de Arraigos de la PGR. Primero trascendió que de testigos habían pasado a la calidad de indiciados; de último momento se conoció su calidad jurídica de arraigados para mantenerlos bajo investigación.
Los ánimos están candentes y confundidos. Para unos, un error, para otros una emboscada. Para las autoridades mexicanas una difícil tarea por resolver, para la embajada y gobierno de Estados Unidos la exigencia de deslindar responsabilidades.
El incidente está tomando matices delicados. Los familiares han dejado clara y firme su postura; son una extensión de ese sentir que siempre ha sido patente de celos entre autoridades. Evitaron, a pesar de la peligrosidad que se vivió cuando los choferes de las camionetas intentaron acelerar, que los suyos fueran trasladados a la ciudad de México.
Ya tuvimos en Morelos maltrato a uniformados que en el cumplimiento de su deber se les cargó la mano; en estos hechos hay que revisar a fondo cómo se dieron las cosas y que no paguen quienes no deben.
Al aire
La fianza que el titular de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la delegación estatal de la PGR en el estado de Morelos, impuso a cada uno de los 12 elementos de la Policía Federal por un millón y medio de pesos no sólo busca que permanezcan encarcelados, sino que es una afrenta a la realidad, a sus familias y a su vida diaria.
Los familiares ahora tienen una doble agresión: los agentes ganan tan sólo 14 mil pesos mensuales; en la mayoría de los casos dependen de ese salario. Negar la fianza habría dado cabida a la búsqueda del amparo, pero una cantidad de esa envergadura habla del cómo “la ley se aplica para los poderosos y se interpreta para los pobres”.
