Independientemente de que la empresa constructora Aldesa y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleguen a un acuerdo con los deudos de las dos personas que fallecieron en el socavón del Paso Exprés, la Fiscalía de Morelos haría bien en imputar por homicidio a los directivos responsables del percance.

Es evidente que dos personas murieron porque se hicieron mal las cosas en esa costosa edificación.

Condicionar la acción de la justicia envía un mal mensaje a la sociedad.

Mejor aprovechar los avances en la judicialización de la carpeta y dejar que se aun juez el que resuelva si existe o no responsabilidad.

Aunque la renuencia a entablar diálogo con los deudos puede propiciar que al final alguien termine por enfrentar la acción de la justicia, un acto de desagravio para la familia de las dos víctimas.