Los concesionarios del transporte público en todas sus variantes han abusado una y otra vez de los usuarios, una clientela cautiva que todos los días soporta el elevado precio del pasaje, las pésimas condiciones mecánicas de las unidades y el mal servicio de muchos de quienes los operan.

Por si eso no fuera suficiente, se empeñan en culpar a otros del incumplimiento de sus obligaciones legales, que los lleva a carecer de la documentación necesaria para operar.

Aunque el negocio que explotan está basado en una concesión que otorgó la autoridad estatal, los transportistas actúan como si fuera un negocio propio y no ofrecen las garantías que debería recibir el usuario en un sistema más civilizado.