Las jubilaciones doradas son un insulto a la sociedad morelense, no sólo por la forma en que fueron aprobadas sino por quienes las reciben.

Desafortunadamente, desde hace meses los recursos públicos sirven para alimentar muy bien a personas que además de no cumplir con los requisitos legales para obtener ese derecho, poco hicieron a favor de la entidad o, más bien, la perjudicaron, y mucho.

Anularlas es una tarea pendiente y no puede dejarse correr más tiempo.

Por supuesto, es de aplaudir que también se busque castigar a quienes incurrieron en delitos para conseguir esa prebenda, pero también debe incluirse allí a los que aprobaron los trámites. Ninguno de los ex diputados que votó por esos excesos debería irse sin castigo.