El análisis de las “pensiones doradas” que aprobó la pasada legislatura permite conocer más la forma tan descarada como se tramitaron para favorecer a amigos del gobierno anterior.
Los beneficiados cobraron durante varios meses un dinero al que no tienen derecho, por lo que seguramente deberán ser obligados a devolverlo.
Ni siquiera se tomaron la molestia de cumplir los requisitos mínimos de ley para darse un gran regalo a costa del erario. Eso ha ayudado a anular las primeras 24 pensiones, de alrededor de 70 que se concedieron en ese tono.
Sin embargo, algunos de los afectados con esta corrección tendrán derecho a repetir el trámite e intentarlo de nuevo, mientras otras pensiones siguen vigentes porque fueron mejor estructuradas en su tramitación o porque simplemente no han sido estudiadas por el Congreso.
Sin embargo, los ciudadanos deben estar pendientes de todo lo que ocurra sobre el tema, porque faltan capítulos importantes, además del procedimiento resarcitorio.
