Ayer el recién aprobado partido político llamado Morelos Progresa no tuvo pudor alguno al presentar a varios de sus integrantes, principalmente exdiputados y exalcaldes que tuvieron un paso cuestionable en el desempeño de sus anteriores cargos de elección.
Incluso figuran casos como el de la legisladora Silvia Irra, imputada en un caso de corrupción, o del propio presidente de la nueva organización, quien aprovechó su cargo de legislador para conceder a su esposa una de las llamadas “pensiones doradas”, pese a que ni siquiera cumplía los requisitos mínimos para ese beneficio laboral.
Y así con otros personajes -hombres y mujeres- que ya probaron las mieles del poder y que gracias a la letra pequeña de las leyes lograron evadir sus responsabilidades. El problema es que su operación política de aquí en adelante se realizará con recursos públicos a los que legalmente tienen derecho como partido político. Los ciudadanos, sobre todo aquellos más necesitados, no tienen un mecanismo tan eficaz para acceder a un subsidio como el que ahora presumen quienes ya tuvieron la oportunidad de servir y solo decepcionaron. Porque no debemos olvidar que varios de ellos fueron los legisladores del entonces partido oficial que en el trienio anterior solo obedecieron consignas y aprobaron leyes y reformas que provocaron muchos de los enormes problemas que hoy tiene Morelos.
