El reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de parte de la Comisión estatal de derechos Humanos y del Poder Judicial de Morelos se ha convertido en una grave amenaza para la estabilidad financiera de la entidad.

Graco Ramírez hizo que sus diputados incondicionales aprobaran la llamada autonomía financiera del Poder Judicial, pero en sus últimos meses de gobierno, cuando ya no constituía ninguna obligación para su régimen, pero sí para el que le sucedería.

La medida tenía como objetivo desestabilizar al gobierno actual y parece que lo logrará si es que tanto desde el Poder Judicial como desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos no hay la suficiente sensibilidad para adaptarse a los tiempos que corren, cuando la epidemia de covid ha acabado con todos los recursos disponibles al tiempo que ha dañado la recaudación.

Cualquiera que sea la resolución de los ministros de la Corte se requiere que una solución política a algo que no es un simple problema de reparto de recursos.