El Congreso del estado tiene ante sí el formidable reto de confeccionar un presupuesto para 2022 que contenga todas las variables que se deben introducir en el documento según las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al tiempo que debe asignar recursos a las necesidades más urgentes de la administración pública.
Pero el requerimiento de recursos rebasa con mucho a lo que se puede disponer.
Entre los temas que deben resolver está la de la facultad de libre redistribución de la que goza el Ejecutivo, que fue clave para atender la emergencia causada por la pandemia.
De no haber existido esa cláusula, la asignación de los recursos a las necesidades creadas por la atención de los efectos del coronavirus habría tenido que esperar a que la legislatura anterior sesionara, pero habría sido una tragedia porque los anteriores diputados nunca lograron ponerse de acuerdo y fueron omisos en el cumplimiento de su deber.
Todo eso debe tomarse en cuanto en lo que resta del camino legislativo para aprobar el presupuesto, un empeño en el que las ideologías y los colores partidistas deben quedar al margen, relegados al interés superior de la entidad.
