Cada vez crecen las secuelas por la parálisis que desde diciembre afecta al Congreso local luego de la maniobra para tratar de desalojar de la presidencia de la Junta Política y de Gobierno al partido más votado en el proceso anterior, cuya representación por ley debe ocupar el citado cargo.

La unidad demostrada por el llamado G-8 impidió que la facción que busca dominar contara con la mayoría calificada necesaria para llevar a cabo cualquier acción de trascendencia, lo que ha hecho que los asuntos relevantes se acumulen, incluido el cumplimiento de numerosas sentencias del Poder Judicial federal, por lo que los directivos y en general los integrantes de esta ruinosa legislatura están cada vez más cerca de incurrir en desacato y, por lo tanto, de perder sus cargos.

Al menos por esa posibilidad cada vez menos remota aquellos que alteraron la armonía en el Poder Legislativo deberían intentar enmendar sus errores y excesos.

Mientras tanto, Morelos padece un Congreso similar a las últimas legislaturas, con un elevado costo y ninguna acción encaminada a lograr el bien común, ni siquiera para cumplir con sus obligaciones básicas.