El daño causado a la ciudadanía por el sindicato del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) ha sido enorme y desproporcionado.
Sin aviso previo a la población colapsaron varias de las principales vialidades de la ciudad para afectar a quienes nada tienen que ver con su reclamo laboral.
El uso de la fuerza para convertir a la población en rehén de alguna demanda generalmente tiene detrás motivaciones políticas, como anteriores hechos lo han demostrado.
Independientemente de la validez de sus reclamos, los trabajadores del SAPAC que llevaron su protesta a esos niveles traspasaron líneas rojas.
La gente no pudo llegar a sus trabajos, a sus escuelas o a sus compromisos médicos, algunos de ellos impostergables.
El costo del reclamo sindical, como se ha señalado, ha sido enorme.
