Luego del ridículo provocado por el diputado Alejandro Martínez y su “dictamen” que incluye como elegibles a los 245 aspirantes a una magistratura, varias organizaciones sociales han hecho el trabajo legislativo y depurado a todos esos aspirantes para concluir que solo 13 -en su inmensa mayoría mujeres- cumplen con el perfil requerido para ocupar tan delicada tarea.

Si los diputados que controlan el G-15 se empeñan a pesar de todo eso en elegir a sus amigos como magistrados -o a quienes hayan cumplido las sospechosas condiciones impuestas- los delitos en que incurrirán estarán más que manifestados.

De allí a que la justicia federal anule el procedimiento solo hay un paso, pero llegar a esas etapas incluirá un enorme desprestigio para el estado, cuyos habitantes son las principales víctimas de la forma en que los integrantes del Congreso se conducen.