La maestra, con una actitud encomiable, se apegó a los protocolos de seguridad que la Secretaría de Educación de Nuevo León entregó para salvaguardar la integridad física de los alumnos en situaciones de riesgo. Aún cuando los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal— han puesto en marcha medidas para contrarrestar el flagelo de la violencia, el clima necesario para que las escuelas se constituyan como espacios seguros y confiables, afecta ya, lamentablemente, a seis entidades: Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y, por supuesto, Nuevo León.
Las comunidades educativas de esos estados, como lo ha hecho saber el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), han sido alcanzadas por el problema de la inseguridad y la violencia, de tal suerte que el magisterio ha solicitado a los tres órdenes de gobierno garantías para que los maestros puedan realizar su labor en los salones de clase. Existe un diagnóstico del magisterio nacional. Está documentado; se identifican las escuelas, zonas, regiones y municipios que han sido impactadas por la problemática de la inseguridad en esas entidades.
En Michoacán, por ejemplo, existen por lo menos cinco municipios donde las maestras y maestros tienen problemas para realizar su tarea docente en los planteles educativos. Incluyen amenazas de secuestro o extorsiones, también asaltos. Los padres de familia, cuando acuden a recoger a sus hijos a los centros escolares, han sido víctimas de amenazas.
El clima de tranquilidad también se ha perdido en Guerrero. La sección 14 del SNTE, el gobierno del Estado y la Secretaría de Educación en la entidad suscribieron un compromiso para hacer de los centros educativos espacios seguros para alumnos y maestros y se acordó ampliar la cobertura del programa de Escuela Segura y Comunidad Segura al cien por ciento en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Zihuatanejo de Azueta, Ayutla de los Libres, Atoyac de Álvarez, Eduardo Neri, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tecpan de Galeana, Petatlán, Tlapa de Comonfort, Ometepec, Pungarabato y Mochitlán.
De acuerdo a los documento que se han dado a conocer, el acuerdo incluye la instalación de retenes BOM (Base de Operaciones Mixta); rondines permanentes en la periferia de los planteles; instalación de botones de seguridad en las escuelas; ampliación del operativo Mochila Segura y fortalecimiento del Programa de Simulacros ante Hechos Violentos. Aún así se tiene la duda de que al menos 200 escuelas de Acapulco reanuden clases este lunes.
Los maestros comprometidos con su tarea docente
Bajo los escenarios de violencia que ya han alcanzado a la comunidad educativa en esas entidades, se puede decir que los trabajadores de la educación han hecho patente su vocación de servicio. Fomentan valores de convivencia armónica, pacífica, democrática y libre de toda violencia, haciendo énfasis en una cultura de prevención de las adicciones, las competencias encaminadas al auto-cuidado, el ejercicio responsable de la libertad y la resolución de conflictos mediante el diálogo.
Este es el contexto dentro del cual el SNTE externó un llamado a las autoridades del gobierno federal, estatal y municipales para que implementen acciones específicas que redunden en la efectiva seguridad de las niñas, niños y jóvenes; de las madres y padres de familia; de las y los trabajadores, que cotidianamente acuden a las escuelas a ejercer su derecho constitucional y humano a la educación. Parte del diagnóstico elaborado por el SNTE establece que en los centros escolares situados en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y, por supuesto, Nuevo León, requieren de acciones que doten a las escuelas de cámaras de video, botones de alerta, teléfonos con conexión directa a la autoridad y mayor vigilancia policíaca.
Las escuelas en este país
En México la matrícula en educación básica es de casi 25 millones de alumnos que reciben instrucción de más de un millón maestros en las más de 20 mil primarias y secundarias del territorio nacional. Y como es del dominio público, muchas de ellas están localizadas en zonas que se consideran de alto riesgo debido a los índices de inseguridad que privan en torno a las mismas.
Sin lugar a dudas, el derecho de los niños y adolescentes a contar con una escuela segura es una condición imprescindible para que estudien y aprendan en espacios que resguarden su integridad física. La preocupación de los padres de familia, autoridades educativas y sociedad en general se justifica si se toman como referentes los estudios respecto a las percepciones de maestros y alumnos acerca de la violencia, disciplina y consumo de alcohol, tabaco y drogas.
En esta lógica, el reto, ciertamente, es enorme y lo deseable es que las estrategias gubernamentales arrojen los resultados esperados por la ciudadanía y los actores vinculados al proceso educativo, si es que se quieren ofrecer medidas frente a los fenómenos que afectan los ambientes escolares. De tal suerte que el programa Escuela Segura —puesto en marcha en febrero de 2007, por el presidente Felipe Calderón con el propósito de promover, desde las aulas, una cultura de la prevención del delito que derive en un clima de seguridad en el entorno escolar— cumpla con esas expectativas fortaleciendo verdaderamente a la escuela en su papel de formadora de hábitos para la convivencia armónica entre los alumnos, cimentados, por supuesto, en el diálogo, la tolerancia y el respeto.
ALREDEDOR DEL PAÍS
Cruz Roja Mexicana.- Hablando de publicaciones la benemérita institución cuenta ya con una revista que se llama Cruz Roja Mexicana, Hoy, cuyo objetivo primordial es difundir el quehacer de la institución. Desde este espacio felicitamos a su presidente Daniel Goñi, por esta iniciativa.
