El impuesto sobre el hospedaje a quienes prestan ese servicio mediante plataformas digitales es un primer paso no sólo para establecer condiciones tributarias equitativas entre hoteleros y particulares que ofrecen dicha prestación, sino en cuestiones de seguridad.
La regulación de esos servicios de hospedaje debe contribuir a la captación de recursos públicos muy útiles para las causas sociales, y ser el inicio de un marco legal más amplio para prevenir situaciones de riesgo en la renta de inmuebles con fines de alojamiento.
Hoteleros establecidos han avisado que modalidades como Airbnb representan una competencia desleal para ese sector. La acogida de visitantes no es sólo un asunto de alquiler de casas, requiere un control sobre una actividad vinculada con una industria relevante en el país como es el turismo.
